Columna: Resiliencia Democrática
El ajedrez político de la (im)probable reforma electoral en México en 2026
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
El decreto presidencial que crea la Comisión para la Reforma Electoral, fechado el 11 de agosto de 2025, presenta tres paradojas. La primera: debe entregar resultados en enero de 2026. La segunda: tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. La tercera: la propia composición legislativa del Congreso de la Unión.
La primera paradoja enfrenta un obstáculo temporal. El Congreso sesionará ordinariamente de febrero a abril de 2026, y la ley es clara: las reformas electorales deben aprobarse seis meses antes de la elección. Así, el único margen disponible sería marzo de 2026, ya que el proceso electoral federal inicia en septiembre de ese año.
La segunda paradoja es la más visible. Se destituye a Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, cargo en el que resultaba ineficaz por falta de experiencia técnica, ya que fue nombrado bajo la lógica de la “lealtad del 99%”. Su relevo es cercano al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, y la primera acción (según versiones periodísticas) fue congelar las cuentas bancarias de la familia de Manuel Bartlett Díaz. Por primera vez en más de cuatro décadas, Bartlett será llamado a cuentas por su participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985. Un político que, protegido por el entramado de complicidades del PRI, PT y ahora Morena, jamás fue juzgado, sino premiado con cargos: secretario de Educación, gobernador de Puebla, dos veces senador y director de la CFE.
La tercera paradoja apunta a los aliados de Morena: el PT y el PVEM, quienes se encuentran en una encrucijada autocrática. Si se eliminan plurinominales y se reducen prerrogativas federales y estatales, ambos están condenados a la desaparición. Su supervivencia política ha dependido de esas prerrogativas y de su papel de rémoras del sistema.
Los números son contundentes. En la Cámara de Diputados, el PVEM suma 62 legisladores y el PT 49, un total de 111 frente a los 253 de Morena. Sin sus aliados, Morena apenas alcanza a reformar legislación secundaria, no la Constitución. En el Senado ocurre lo mismo: Morena tiene 67 escaños, el PVEM 14 y el PT 6. Sin esa suma, no existe mayoría calificada y la reforma constitucional es imposible.
De estas paradojas se desprende que la comisión no busca una verdadera reforma, sino administrar la coyuntura. Morena atraviesa un proceso de implosión interna por su desgaste moral y vínculos con grupos ilegales. La presidenta Claudia Sheinbaum ya no enfrenta dilemas de lealtad: su margen de maniobra está condicionado por la influencia geopolítica de Donald Trump. Su ruptura con López Obrador se evidenció en la operación de Estado contra su círculo más cercano: Monreal, Adán (quien está siendo expulsado del paraíso político), Layda, Delgado (quien es el secretario que está solicitado por el gobierno de Trump) e incluso “Andy”. Hoy puede afirmarse que “el mesías tropical va desnudo”. Sheinbaum, pragmática, ya construye su propio partido para 2027, con Omar García Harfuch como candidato presidencial en 2030. Ironías de la historia: su abuelo participó en la represión de 1968 y su padre fue un dinosaurio del PRI; en lo terminará el sueño de una izquierda extraviada en el país.
En conclusión, la narrativa de la reforma electoral funciona como una caja china. Su propósito no es transformar el sistema, sino distraer al núcleo duro del lopezobradorismo y a ciertos analistas que se quedan en el plano académico. Mientras tanto, México enfrenta una crisis económica, de seguridad nacional y una presión creciente de Estados Unidos, que parece dispuesto a reeditar las tentaciones expansionistas del siglo XIX.
