El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del legendario expúgil mexicano del mismo nombre, abandonó el domingo una cárcel federal en Sonora, a donde ingresó esta semana luego de ser deportado de Estados Unidos.
Chávez Jr. abandonó el penal horas después de que un juez de la ciudad de Hermosillo, capital del estado, vinculó a proceso al boxeador y acordó que enfrente su juicio en libertad condicional por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizado para la introducción clandestina de armas a México, informó a The Associated Press un agente federal que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado para declarar.
El proceso contra el púgil es parte de una investigación más amplia que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en 2019 contra el Cártel de Sinaloa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y narcotráfico, luego de que Estados Unidos presentó una denuncia.
Uno de los abogados del boxeador, Rubén Benítez Álvarez, dijo el sábado que Chávez será procesado por el delito de “delincuencia organizada en la modalidad de participar, sin funciones de dirección, administración ni liderazgo, para la introducción clandestina a México de armas de fuego”.
Benítez Álvarez desestimó los señalamientos de la FGR contra su defendido y afirmó que la acusación está basada en “anécdotas de camaradería”.
El peleador de 39 años enfrentará su proceso en libertad condicional, pero no podrá salir de México. El juez dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.
El pasado 2 de julio, agentes federales arrestaron a Chávez Jr. en su residencia de Los Ángeles —donde vivía desde hace varios años— por exceder la duración de su visa de turista, la cual expiró en febrero del 2024, y por mentir en una solicitud para obtener la tarjeta de residencia.
La detención se realizó pocos días después del combate que sostuvo con el boxeador e influencer estadounidense Jake Paul en Los Ángeles.
Después de permanecer detenido durante mes y medio, el púgil fue deportado y entregado a agentes de la FGR en Sonora, quienes el pasado 19 de agosto lo trasladaron al Centro Federal de Reinserción Social, ubicado a las afueras de Hermosillo.
La investigación de la FGR de 2019 giraba en torno contra de 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López —hijo del excapo Joaquín “El Chapo” Guzmán—, algunos colaboradores, sicarios y cómplices de la organización criminal.
