La reforma constitucional que sustituye a la mitad del poder judicial federal por jueces elegidos por voto popular ha socavado la independencia judicial en México, afirmó hoy Human Rights Watch, en el día que toman posesión los nuevos jueces.
Los jueces, entre los que se encuentran seis de los nueve miembros de la Suprema Corte de Justicia, asumirán sus cargos el 1 de septiembre de 2025 tras las elecciones populares celebradas el 1 de junio. En septiembre de 2024, los diputados y senadores de la coalición política liderada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprobaron una reforma constitucional que elimina la inamovilidad judicial y establece que los jueces serán elegidos periódicamente. En virtud de la reforma, las elecciones judiciales se celebrarán en cada distrito judicial, a partir de candidatos seleccionados de listas definidas por tres comités de evaluación diferentes nombrados por el presidente, el Senado y la Suprema Corte de Justicia.
“Lejos de ser un esfuerzo por hacer que el poder judicial sea más democrático y eficiente, es probable que esta reforma sólo cree un poder judicial leal al gobierno”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Estaremos observando si la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”.
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), México es el único país del mundo en el que “la totalidad de los jueces [es] elegida mediante sufragio universal”.
El proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales de junio se caracterizó por múltiples defectos e irregularidades, señaló Human Rights Watch.
En enero, el Comité de Evaluación designado por el Poder Judicial dimitió tras una orden judicial que suspendía su labor. El Tribunal Electoral transfirió su facultad de preseleccionar candidatos al Senado. En la práctica, eso significó que todos los candidatos fueron preseleccionados por comités de selección del poder ejecutivo y del Senado, donde el partido gobernante, Morena, y sus aliados tienen una mayoría de dos tercios.
La reforma constitucional estableció criterios vagos para preseleccionar a los candidatos, como la honestidad, la reputación y la competencia. Establecía que los comités de evaluación debían elegir a los candidatos sobre la base de un breve ensayo de motivación y cinco “cartas de referencia” de “vecinos”, “colegas” y otras personas.
Los comités de evaluación no aprobaron reglamentos que aclararan cómo evaluarían a los candidatos, determinarían si eran aptos para ejercer como jueces, o garantizarían que los comités utilizaran criterios similares. Los comités de evaluación también tuvieron que preseleccionar a los candidatos en un plazo muy breve. Según el Observatorio de la Reforma Judicial, una coalición de grupos de derechos humanos que observaba el proceso, esto significó que los comités del Senado y el ejecutivo tuvieron que examinar en promedio 40 solicitudes al día, incluidos los fines de semana.
A continuación, las autoridades realizaron un sorteo para determinar cuáles de los candidatos seleccionados por los comités podían presentarse a las elecciones.
Solo el 13 % de las personas con derecho a voto acudieron a las urnas, en lo que los observadores de la OEA describieron como “uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”. Las elecciones dieron lugar al nombramiento de 6 magistrados del Tribunal Supremo, 800 jueces federales y 1.800 jueces locales.
Los observadores de la OEA identificaron una serie de deficiencias en las elecciones, entre ellas, la falta de transparencia en la financiación y los gastos de las campañas.
Los seis miembros elegidos del Tribunal Supremo fueron preseleccionados por el comité del Poder Ejecutivo, aunque algunos también habían sido incluidos por el Congreso. Se unirán a otros tres que habían sido propuestos por el expresidente López Obrador. Los observadores de la OEA descubrieron que los seis miembros elegidos habían sido incluidos en “acordeones” que actores no especificados distribuyeron física y virtualmente para instar a la gente a votar por una lista concreta de candidatos.
La reforma constitucional y la legislación de aplicación también crearon un Tribunal de Disciplina Judicial con amplios poderes para sancionar y destituir a los jueces. Los cinco miembros del tribunal, que también fueron elegidos por votación popular, están facultados para imponer sanciones a los jueces si “dictaminan, de manera clara, en contra de la Constitución, la ley aplicable o la interpretación establecida en la jurisprudencia”, “deciden en contra de los hechos del caso” o transgreden otros criterios.
Según estándares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de la influencia política para garantizar que puedan tomar decisiones basadas únicamente en los hechos del caso y de conformidad con la ley. El relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados ha destacado la importancia de adoptar “procesos de nombramiento no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y los méritos profesionales” de los candidatos judiciales.
Mientras que la mitad del poder judicial federal tomará posesión de su cargo el 1 de septiembre, la otra mitad se elegirá en 2027. Las autoridades mexicanas deberían aprender de los graves defectos de las elecciones judiciales de 2025 y derogar esta reforma constitucional o, como mínimo, establecer salvaguardas sólidas para asegurar la integridad de la próxima ronda de elecciones judiciales en 2027, señaló Human Rights Watch.
