DÍA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTE 28 DE ENERO

CAFÉ DE MAÑANA

Por José Luis Enríquez Ambell

DÍA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTE 28 DE ENERO

La protección de datos personales en nuestro país existe como un derecho fundamental que está garantizado en los artículos 6 y 16 de la Constitución, respaldado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y ese marco legal es el que protege la privacidad de los ciudadanos frente al uso ilícito o indebido de su información por entes públicos y privados.

Ese derecho igual contiene obligaciones y, en su caso, sanciones, pues las empresas como las instituciones públicas deben asegurar la confidencialidad, integridad y seguridad de la información de las personas; de lo contrario, las sanciones habrán de aparecer, dado que la legislación vigente las contempla por el tratamiento ilegal o engañoso de datos personales, con penas de prisión de seis meses a cinco años por lucro indebido.

Y es que, por información personal, se debe entender y considerar a cualquier dato que identifique o haga identificable a una persona física, al grado que en el contexto internacional se encuadra en el derecho a la privacidad, y ésta se respalda por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se signaron en 1948 y 1969 como garantes y protección de los datos personales, y de ahí que se recomiende activar la autenticación de dos pasos relevantes; “cambiar contraseñas frecuentemente y revisar todos los avisos de privacidad posibles”.

Ahora bien, la nueva etapa de transparencia en México, vigente desde marzo de 2025, se centra en la extinción del INAI y la absorción de sus funciones por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en lo federal y en las Contralorías Generales de los Estados —caso de Veracruz—, y esta redistribución de las funciones y reestructuración ha implicado una “transparencia con sentido social”, operando con un menor presupuesto y enfocándose en la protección de datos y la operación continua de la Plataforma Nacional de Transparencia, afectando la supervisión a nivel federal y estatal, en este caso por instrucciones de la Ingeniera Rocío Nahle García y a través de Ramón Santos Navarro, titular del Órgano Estatal de Control y Evaluación del Poder Ejecutivo.

Y es que todo inició —en esta nueva etapa— con la extinción del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y también las reformas en materia de simplificación orgánica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diciembre de 2024, cuyo artículo 116, fracción VIII, establece que “las Constituciones de los Estados” definirían las competencias de los órganos encargados de la Contraloría, como responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Y así fue como la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, remitió al Congreso local la Iniciativa de Decreto para la reforma de la Constitución local, en la cual se planteó, entre otras consideraciones, que los Órganos Internos de Control (OIC) serían responsables de garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales, así como conocer de los recursos de revisión en contra de los actos de los sujetos obligados.

El 10 de junio de 2025, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el dictamen por el cual se extinguió el IVAI (Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y el 1.º de julio de ese mismo año entraron en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En dichas leyes, la Contraloría General del Poder Ejecutivo es la señalada como la autoridad garante local, y los órganos encargados de las Contralorías Internas u homólogos, en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Autónomos y la Universidad Veracruzana, tienen también la categoría de autoridad garante.

Es decir, son responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y están facultados para conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por las personas particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados; imponer medidas de apremio y sanciones a las personas servidoras públicas encargadas de cumplir con sus resoluciones, para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; brindar capacitación a las personas servidoras públicas y apoyo técnico a los sujetos obligados, entre muchas otras facultades.

Para poder llevar a cabo todo esto, las leyes en las materias señalaban que los Órganos Internos de Control contaron con 30 días para realizar las adecuaciones necesarias a su normativa interna. A la fecha, se sabe que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) ha hecho lo propio, ya que por conducto de su Presidente, el periodista Luis Ramírez Baqueiro, presentó al H. Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de la CEAPP, misma que fue aprobada y se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el pasado día 18 de septiembre del año pasado, en la que se creó el área, adscrita a la Contraloría Interna, y a cargo de la Maestra Ixchel Elizalde, responsable de los temas de transparencia y protección de datos personales.

Por su parte, la Contraloría General del Estado convocó oportunamente en 2025 a todos los titulares de los Órganos Internos de Control, en su calidad de autoridades garantes, para conformar el Subsistema de Transparencia, el cual es presidido por el Dr. Ramón Santos Navarro y tendrá, entre otras funciones, dar a conocer al Consejo Nacional las opiniones que tuvieren sobre el proyecto de política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública, e impulsar acciones de coordinación entre sus integrantes que promuevan el cumplimiento de obligaciones en la materia. Con ello, Veracruz se ha venido posicionando entre las entidades federativas en integrar este subsistema, lo que favorece a poner de moda a Veracruz en la materia de transparencia en ese semáforo nacional.

Cabe decir que no es tarea fácil la que tienen todas las Contralorías de los entes señalados, además de que para operar y promover la transparencia se requiere de personal con capacidades y recursos financieros. En su momento existió una Comisión de Transición conformada por el titular de la Secretaría Ejecutiva del extinto IVAI y los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado, para efecto de realizar una transición ordenada de las facultades, obligaciones, presupuestos, recursos materiales, tecnológicos, financieros, archivos y capital humano, así que a estas alturas habría que creer que todo marcha bien en la autopista de la transparencia.

DE SOBREMESA

¿ Pero cómo o cuándo le asignarán recursos al resto de las Contralorías ? Muy probablemente la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el Paquete Económico de 2026, hizo la tarea y todo lo necesario, o de lo contrario el Poder Legislativo (Congreso del Estado) tendría que entrar a corregir lo no observado para que la maquinaria humana y financiera transite con la solvencia legal y administrativa correctas.

Y es que, si en lo federal la reorganización institucional del ex INAI, al desaparecer, implicó que sus recursos se transfirieran a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entidad pública que asumió las funciones de protección de datos y acceso a la información, en estados como Veracruz debería ser lo mismo, pues la reforma implicó un cambio en la articulación de los órganos locales de transparencia, alineándose a la nueva estructura federal.

Esta transición buscó centralizar la vigilancia bajo el Poder Ejecutivo, lo que ha generado debate sobre la autonomía en la rendición de cuentas, marcando un cambio radical en la fiscalización de la información, pero tampoco significa dejar sin herramientas a la estructura humana responsable de estas tareas.

¡ES CUANTO!

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