Cuando los alvaradeños pensaron que ya no habría una peor alcaldesa que Sara Luz Herrera Cano, quien está presa por haber mandado matar a su secretario particular, surge otra figura que sería hasta peor que Sarita, pues de la que les vamos a hablar hizo algo peor: robarse la lana del erario, lo cual equivale a matar la esperanza de miles de ciudadanos que pensaron que con alguien vinculado a la 4T les podría ir mejor.
Y es que, como es sabido, la Auditoría Superior de la Federación determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 45 millones 191 mil 149.46 pesos en el Ayuntamiento de Alvarado, ello derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondiente a la administración de Lizzette Álvarez Vera.
Cabe destacar que el monto corresponde al total de la muestra auditada, que representó el 100 por ciento de los recursos fiscalizados en la auditoría de cumplimiento 2024-D-30011-19-2037-2025, modalidad presencial.
Según el informe individual, el señalamiento se integra por 2 Pliegos de Observaciones. El primero asciende a 23 millones 872 mil 400 pesos, vinculados a 7 contratos pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) 2024.
El segundo suma 21 millones 318 mil 749.46 pesos, asociados a 5 expedientes de obra financiados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2024.
El órgano fiscalizador precisó que faltaron actas de entrega-recepción, entregables de los servicios, evidencia de ingreso de bienes a almacén, inventarios y reportes fotográficos de los bienes en operación.
En materia de obra pública, la ASF revisó 5 contratos relacionados con electrificación y alumbrado público, rehabilitación de infraestructura educativa, rehabilitación de parques, pavimentación y gastos indirectos de supervisión externa.
Aunque los expedientes contaban con suficiencia presupuestal, convocatorias, dictámenes y garantías, la observación se concentró en la falta de reportes fotográficos georreferenciados y pruebas de laboratorio. Según el informe, esa omisión impidió acreditar “que las obras se encuentren en correcto funcionamiento” y la “calidad de los materiales y trabajos ejecutados”.
Estos hallazgos dieron origen a una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el órgano interno de control investigue a las personas servidoras públicas involucradas.
En otro apartado, la ASF reportó que, en el contrato LS/MAV/2023/71, “la empresa ganadora y una participante” se encontraban vinculadas entre sí y que sus acciones “implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida”, por lo que promovió investigaciones tanto respecto de servidores públicos como de personas morales participantes.
En el dictamen, el órgano fiscalizador sostuvo que el municipio “infringió la normativa” y que ello “generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 45,191.1 miles de pesos”, equivalente al total de la muestra auditada.
El informe también consignó que, durante el desarrollo de la auditoría, el municipio presentó registros contables y documentación por 45 millones 191 mil 149.46 pesos “con lo que se solventa lo observado” en un resultado relacionado con la falta inicial de entrega de información financiera y comprobatoria. Sin embargo, la ASF dejó vigentes los señalamientos que derivaron en los 2 Pliegos de Observaciones y en promociones de responsabilidad administrativa.
En el apartado de comentarios, la entidad fiscalizada refirió que remitió oficios en diciembre de 2025 para atender las observaciones. No obstante, la ASF asentó que la documentación presentada “no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia” para aclarar o justificar los resultados vinculados con adquisiciones, servicios y obra pública.
Ni hablar, Lizzete salió peor que Sarita, y eso es ya mucho decir. Porque con los 45 millones de pesos que desvió Lizzette, ¿cuántos hospitales o clínicas se hubieran construido?, ¿cuántos medicamentos se hubieran adquirido?, ¿cuántas despensas para abatir el hambre y la desnutrición se hubieran conseguido? Eso de birlarse la lana del pueblo, debería considerarse como un delito de lesa humanidad. Porque eso implica matar la esperanza de los pueblos, es no salvar vidas, es condenar a los ciudadanos a la muerte.
¿Será esa la razón, la de los millonarios desvíos, por la que la gobernadora Rocío Nahle no ha incorporado a Lizzete a su gabinete?
Lo que más risa da es que la misma Lizzete anunció con bombo y platillos, en entrevista con medios de comunicación, que Nahle la iba insertar en la administración pública estatal.
Bien dicen que del plato a la boca…
Y eso que Nahle no se ha enterado de otros tantos negros expedientes de Lizzete como aquí se ha consignado. https://versiones.com.mx/2026/01/17/who-killed-jenni-rivera-el-documental-que-nahle-ha-ignorado-aun-asi-incorporara-a-lizzette-a-su-gabinete/ Si Nahle se enterara, no sólo no le daría chamba en el gobierno estatal sino que hasta la anotaría en la lista de las candidatas… pero a ocupar una fría celda en el penal de Pacho Viejo.
