Un nuevo escándalo de corrupción golpea al gobierno estatal luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades por 56 millones 995 mil 256.52 pesos durante la administración municipal de Eric Domínguez Vázquez, actual funcionario del gobierno de Rocío Nahle, derivadas de contratos públicos marcados por simulación de competencia, licitaciones viciadas y una red de empresas vinculadas entre sí.
De acuerdo con los pliegos oficiales, se ordenó el reintegro de más de 25 millones de pesos por pagos sin pruebas técnicas, sin bitácoras completas ni evidencia de laboratorio; casi 24 millones de pesos en obras carreteras donde las empresas ganadoras tenían nexos legales con sus propias competidoras, lo que anuló cualquier competencia real; y más de 7.6 millones de pesos en auditorías externas donde simplemente no existió evidencia física de los trabajos.
Lo más grave no es solo el monto, sino el patrón sistemático: procesos de contratación simulados, competencia falsa, contratos sin respaldo técnico, auditorías fantasma y recursos públicos sin destino comprobable.
A esto se suman señalamientos de que gran parte de la obra pública fue entregada a constructoras ligadas a familiares directos, incluyendo empresas del sobrino de Eric Domínguez, así como la presunta operación del ex secretario de administración de su periodo, Fernando Guzmán Ricaño, quien habría beneficiado a amigos y allegados con contratos a cambio de porcentajes económicos, en contubernio con la tesorería municipal.
El caso ya no describe errores administrativos, sino un esquema estructurado de saqueo institucional, donde los recursos destinados a infraestructura, caminos, servicios básicos y fiscalización habrían sido canalizados a redes privadas de interés, dejando a la ciudadanía sin obras reales y al erario público severamente dañado.
Lo documentado por la ASF no es un hecho aislado: es la evidencia de una red de corrupción organizada, que hoy compromete directamente a funcionarios en activo y expone una crisis profunda de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
