El periódico Notiver destapó el fin de semana un caso más de grave impunidad en Veracruz. La entidad identificada en semanas recientes por el secuestro y asesinato de 5 jóvenes a manos de policías, hoy es sacudida por un escándalo que involucra a integrantes de la clase acomodada del puerto, y en donde una vez más la actuación de las autoridades es sospechosamente lenta, indolente y abigarrada. Los detalles están desde el domingo en las redes sociales y no hace falta reproducir más que unas líneas para indignarse: En 2015, una menor de edad, estudiante de preparatoria, fue raptada y agredida sexualmente por cuatro compañeros, mayores de edad, del colegio Rougier. Más de un año después, el crimen tumultuario está no sólo impune, sino que la averiguación previa no avanza desde hace diez meses, merced una fiscalía pasiva y los retorcidos vericuetos dilatorios demandados por parte de la defensa de los atacantes, quienes por cierto aceptaron en un video el haber cometido el ataque. Aquí la nota de Notiver con una entrevista con el padre de la víctima. Desesperado por la lentitud de la fiscalía ante su denuncia, y porque todo indica que el poder económico y la influencia de las familias de los atacantes pudieran hacer que el crimen quedara archivado, el padre de la víctima decidió dar a conocer a la opinión pública el ataque contra su hija. No sobra exponer un detalle que habla de cierta grandeza humana por parte de la familia de la ofendida, que antes incluso de recurrir a las autoridades intentaron una especie de solución amistosa, si tal término cabe dentro de la gravedad de los hechos. El padre de la víctima solicitó a los atacantes que se disculparan con la víctima, disculpa que podría ocurrir a través de un video; pidió también que los jóvenes y sus familias se comprometieran a recibir atención psicológica para tratar el suceso, y, última condición, solicitó que si los atacantes se llegaran a topar con la niña, estos abandonarían ese sitio para tranquilidad de ella. Nadie quiere padecer lo que ha vivido esa joven y su familia, pero no fue menor su gesto de intentar que la salvajada de esos jóvenes se comenzara a resolver mediante las tres peticiones reseñadas. Sin embargo, el padre de la víctima ha explicado a Notiver que lejos de reconocer el intento conciliador, los padres de los atacantes han divulgado la versión de que el denunciante había intentado chantajearlos mediante la solicitud de dinero, cosa que el padre de la chica niega. Tras conocerse en medios y redes sociales la denuncia de la familia, el fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras ha tenido desafortunadas expresiones, en las que rechaza lo que él llama la mediatización del caso y donde advierte que no aceptará presiones. Al fiscal diez meses de una indagatoria que está lejos de terminar le parecen pocos. El denunciante es Javier Fernández Gómez. Los denunciados son Enrique Capitaine Marín, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso y Jorge Cotaita, a quien por cierto se acusa de haber causado la muerte de un ciclista en 2013, al que atropelló mientras manejaba en estado de ebriedad. Según el Índice Global de Impunidad México 2016, Veracruz se ha convertido en un espacio que “excede notablemente el promedio nacional”. Así como el gobierno de Veracruz debe castigar ejemplarmente a policías y funcionarios en el caso Tierra Blanca, así debe hacer justicia cabal en el asunto de la joven de 16 años. Si Javier Duarte no actúa pulcramente será cómplice de ese delito.”
