Propone diputada modificar el diseño jurídico institucional del Poder Judicial

La diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jazmín de Los Ángeles Copete Zapot, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local para modificar el diseño jurídico institucional a partir del cual se estructura, modifica y dirige el quehacer fundamental del Poder Judicial, esto es, la integración del Pleno, cuyas atribuciones, entre otras, se encuentra la de elegir a su Presidente.

Los cambios a los Artículos 57 párrafos segundo y tercero; 59; 62 fracciones II y IV; y, deroga la fracción II del artículo 64 de la Carta Magna Estatal, según la legisladora, «buscan modificar el modelo obsoleto y opaco mediante el cual se nombran magistrados; por un sistema cuyos principios rectores son, la transparencia y el reconocimiento de méritos profesionales».

En tribuna y al exponer los motivos de su propuesta legislativa, Copete Zapot comentó que con la reforma se persigue evitar que el Titular del Poder Ejecutivo, en las propuestas de nombramientos de magistrados vea y asuma cotos de poder a su libre disposición, sometiendo de paso, al Poder Legislativo. 

«La práctica nos ha demostrado que las mayorías parlamentarias identificadas con el Partido Político del cual también es emanado el Titular del Ejecutivo, es una mayoría parlamentaria complaciente; es una mayoría parlamentaria sumisa y obediente a las indicaciones del Ejecutivo, y cuyas aprobaciones carecen de objetividad; de discusión; de cumplir materialmente con los intereses constitucionales», acusó. 

En tal sentido, mencionó, propongo que para el nombramiento de magistrados, el Congreso del Estado emita convocatoria pública, y previo cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los aspirantes, por conducto de la Comisión Permanente de la materia procese la aplicación de exámenes de oposición para integrar tres ternas que remita al Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que éste, previo análisis de los perfiles y puntajes obtenidos, retorne a esta Soberanía una terna, de cuyos miembros sea electo el Magistrado competente, mediante mayoría calificada. 

Recordó que el modelo democrático, abierto y plural aquí referido con matices es aplicado en algunas entidades federativas, por ejemplo, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Morelos y Baja California, concursos de oposición, evaluaciones o psicométricos son condiciones básicas. 

La integrante de la bancada del «Sol Azteca», sostuvo que el conformar un mini pleno para escoger a titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha conculcado derechos fundamentales de magistrados al eliminarles la posibilidad de ser Presidentes del mismo, si es que previamente no son electos Presidentes de alguna de las Salas del Tribunal respectivo. 

Ello, añadió, les impide votar por la persona que desde sus perspectivas mejor se desempeñaría como Presidente del Poder del cual forman parte. 

Asimismo, pretende homologar a los términos establecidos por la Constitución Política Federal, los requisitos que deben cumplir los Miembros del Consejo de la Judicatura en la Entidad, a efecto de que los integrantes de dicho Consejo posean los méritos profesionales necesarios para el desempeño de importante encomienda constitucionalmente otorgada.

«De vital importancia y trascendencia resulta la existencia y decisiones de todo Consejo de la Judicatura, por ello, el conocimiento de la realidad veracruzana y su vinculación con el sistema de impartición de justicia; su profesionalismo, y la experiencia de sus miembros debe estar garantizada», abundó.

Entre otras de las modificaciones planteadas, también se cuenta el eliminar de la Sala Constitucional la facultad de, conocer y resolver, en instancia única, las resoluciones del Ministerio Público sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las resoluciones de sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las peticiones de desistimiento que formule el ministerio público; en atención a la naturaleza de dicha facultad, de la cual deben conocer las Salas Penales. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.