La Diputación Permanente del Congreso del Estado convocó a sesión extraordinaria para el próximo 28 de febrero, a fin de discutir y en su caso aprobar, entre otros asuntos, la solicitud de reestructuración de la deuda pública presentada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Aun cuando la diputada panista Mariana Dunyaska García Rojas propuso que se cambiara la fecha para este jueves 9 de febrero, alegando que “Veracruz no necesita una curita, sino una cirugía mayor” y que por lo tanto dejar pasar más tiempo para darle el aval al Ejecutivo, significaba perder la oportunidad de negociar con los bancos mejores tasas de interés y refinanciamiento, su planteamiento fue desechado.
Al respecto, la priista y secretaria de la Mesa Directiva, Regina Vázquez Saut, respondió que no se trataba de un acto de mezquindad, sino de darse la oportunidad de analizar bien la solicitud del mandatario y de despejar varias dudas que siguen pendientes, a pesar de las reuniones que ya han tenido con la secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero.
En ese mismo tenor se pronunció el coordinador del Grupo Mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, quien señaló que no están retrasando la oportunidad de renegociar el pasivo que arrastra estado, por el contrario, recordó que el Congreso ya le dio un voto de confianza a Yunes Linares al aprobar el transitorio en el Decreto de Egresos del Estado que le faculta a reestructurar el presupuesto en 90 días.
De tal manera que la sesión donde discutirán la petición del gobernador será el 28 de febrero a las 11 de la mañana. Además ese día, se contempla darle cumplimento a la sentencia por el incidente de inejecución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que obliga a los legisladores locales a actualizar el número de regidores en el municipio de Nautla.
Miguel Ángel Yunes Linares propuso que la restructuración o refinanciamiento de la deuda pública de Veracruz por hasta 42 mil millones de pesos se haga a 50 años, ampliando así el plazo para cumplir los compromisos con los acreedores.
Además prevé que se le autorice llevar a cabo operaciones de endeudamiento pagaderas en un plazo máximo de 50 años, por lo que el pasivo lejos de disminuir podría mantenerse o aumentar en caso de tramitarse nuevos empréstitos.
Los plazos correrían a partir de la fecha en que se suscriban los contratos o se emitan los títulos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago de capital que en cada caso se convenga.
Yunes Linares pidió a los diputados su aval para que a través de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se celebre una o varias operaciones de endeudamiento, en los términos del Libro Quinto del Código Financiero para el Estad, aclarando que los recursos obtenidos por medio de las operaciones autorizadas “será únicamente la restructuración o refinanciamiento de la deuda pública”.
