En varios municipios del estado, el desencanto en la población, no se ha hecho esperar y seguro, pronto vendrán las protestas y tomas de carreteras, por la selección de candidatos a las presidencias municipales, cuyas identidades se van filtrando, destacando lo bueno de los elegidos y justificando y ocultando los errores de los descartados. En algunos casos se ofrece como compensación a los que no quedaron, la sindicatura, alguna regiduria; y en el peor de los casos los presuntos candidatos seleccionados, se comprometen a otorgar las dependencias administrativas de cada ayuntamiento, como compensación para los que no lograron la anhelada candidatura, con el fin de conciliar con los disidentes y así evitar, la desbandada hacia otros partidos, que están siempre a la espera de los llamados “chapulines”, que brincan de un partido a otro; no importan las ideologías, pues la mayoría de los aspirantes, desconoce la doctrina, el programa de acción, los estatutos de cada partido; y el colmo de la mayoría de los aspirantes a alcaldes, es que desconocen la geografía de los municipios que pretenden gobernar, los faltantes en obra pública y servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y pavimentos, que dejaron a medias o sin realizar, administraciones pasadas.
La preparación y experiencia de los futuros alcaldes, debería ser uno de los requisitos de elegibilidad, para ser propuesto por algún partido político, por alguna coalición de partidos, o por un número de ciudadanos (si se trata de un candidato independiente); existe un Instituto de Desarrollo Municipal, con un acervo bibliográfico importante, y además, personal preparado en el propio instituto; así como especialistas en la materia municipal y su reglamentación, tanto en los partidos políticos, como en las universidades y centros de educación superior, con disponibilidad de adoctrinar y orientar a quienes lo soliciten, en todo lo relacionado a la función municipal. Lo que falta es voluntad de los partidos políticos y de los propios aspirantes a alcaldes, pues a los primeros, solo les interesan las prerrogativas que los organismos electorales entregan a cada instituto político y a los candidatos, siguiendo el ejemplo del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, lo que les interesa es conocer el presupuesto municipal y los activos de cada municipio, para ver de qué manera se los pueden apropiar, pues como ya se ha visto, los delitos oficiales y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, permiten que cada cambio de administración de los tres ordenes de gobierno (federación, estados y municipios), queden en la más absoluta impunidad. Aquí si se vuelve realidad el lema de “crimen sin castigo”.
Para hacer una selección de los mejores hombres y mujeres, aspirantes a los gobiernos municipales, debería exigirse desde el momento de su registro ante los Organismos Electorales, el conocimiento mínimo, esencial, básico, de la Constitución Política de la República; de la Constitución Política del Estado; de la Ley Orgánica Municipal; del Bando de Policía y Gobierno; de los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general; así como los impedimentos que los servidores públicos municipales (alcalde, síndicos y regidores), tienen para nombrar y remover a sus colaboradores, sin recurrir a compadrazgos, recomendaciones o vínculos familiares que por lo regular, son los que más presionan a los gobernantes municipales, para incorporarse a la nómina y garantizar su solvencia económica por el resto de la administración o por el resto de sus vidas, cuando encuentran el arca abierta, donde hasta los justos pecan. De ahí las malas administraciones de un gran número de municipios, cuyas cuentas públicas no resisten una revisión objetiva e imparcial, del manejo del gasto público municipal, en donde la partida mayor absorbe el “gasto corriente” y la obra pública y servicios, se programan a ejecutar “con recursos participables de la federación”.
Regresando a la selección de candidatos, los partidos políticos justifican sus decisiones, apoyados en las “encuestas de opinión”; encuestas que son caras y que favorecen al que las manda a realizar o al que las paga, inclinando la decisión a conveniencia de los contratantes. Entre las empresas que mantienen su crédito profesional, se cuentan Votia; Síntesis; Hora Cero; El Universal; BGC Ulises Beltrán; LEMA; Monitor; Ipsos; GCE; Confirme- El Diario; Consulta Mitofsky; Espacio Muestral; ARCOP; Reforma; El Debate; Diario Noroeste e Indicadores. Desde las encuestas que anticipan los resultados en elecciones para presidente de la república; para gobernador de un estado; y para las presidencias municipales; la mayor de las veces, se han equivocado y los encuestadores, que cobran generosas cantidades de dinero, justifican su desacierto, culpando a los indecisos, al margen de error incalculable, o sencillamente culpando a los encuestados ” de haber mentido en sus respuestas”. Para muestra basta un botón y el día de ayer se publicita ampliamente, la encuesta realizada por el Organismo Independiente “México Opina”, donde se da como resultado la evaluación media de los treinta y dos gobiernos estatales, donde la mayoría están reprobados; sin embargo, se señala que los que obtuvieron la calificación más alta, fueron los gobernantes de Guanajuato; de Sonora; y de Durango. Falta ver lo que diga el Auditor Superior de la Federación, quien en el caso de Veracruz, en tiempo y forma estuvo requiriendo al doctor Javier Duarte de Ochoa, para solventar un sinnúmero de observaciones, relacionadas con el desvío de recursos públicos, con la inejecución de obras presupuestadas y reportadas como ejecutadas; y con todos los excesos de apropiación indebida de los recursos públicos, que nunca fueron atendidas y tales observaciones hechas por el Auditor Juan Manuel Portal Martinez, han servido de base para las denuncias en PGR, en contra de JD, que hoy lo mantienen escondido como Prófugo de la Justicia, buscado en ciento ochenta y siete países sobre los que ejerce jurisdicción la Interpol.
Lo importante para los veracruzanos resulta ser, la recuperación del dinero público con el que defraudan gobernador y alcaldes, para que se ejecuten las obras públicas y los servicios, que sus antecesores dejaron de hacer, con un claro perjuicio a la población. Lo que no se justifica es que los cómplices y copartícipes de los delitos en contra de la función pública, queden impunes, bajo el pretexto de considerarlos “testigos protegidos”, por haber confesado su propia conducta delincuencial o por haber proporcionado informes de los latrocinios de Duarte, como es el caso del socio Jose Juan Janeiro Rodríguez, quien disfrutó de los beneficios de su amigo Javier, y hoy lo empina para salvar su pellejo, sin ser obligado a la restitución de lo que Janeiro obtuvo, como si estuviera reparando el “daño patrimonial” auspiciado y tolerado por JD.
