El Congreso de la Unión envió al Congreso de Veracruz, un oficio en el que lo exhorta a cancelar los contratos que se hayan otorgado a la empresa brasileña Odebrecht, S.A., sus filiales y subsidiarias, esto tras los encándalos relacionados con sobornos que supuestamente entregó a autoridades de gobierno en diversos países a cambio de ser beneficiada con los mismos.
El exhorto también va dirigido a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a sus empresas subsidiarias y filiales, a los Gobiernos y Congresos de las Entidades Federativas y a los Gobiernos Municipales.
La Legislatura nacional los conmina, “a que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, S.A., sus filiales y subsidiarias”.
Además y según sea el caso, rescinda y se abstenga de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.
Cabe mencionar que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga por actos de corrupción a los principales directivos de Odebrecht y a funcionarios mexicanos que participaron “directa e indirectamente” en la asignación de cuatro contratos a la compañía brasileña.
Medios de comunicación en el país han dado cuenta que Pemex presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos asignados a Odebrecht, los cuales fueron adjudicados entre 2011 y 2014 por un monto superior a mil 100 millones de dólares.
Por ello, la PGR abrió una carpeta de investigación y solicitó tanto a Estados Unidos –que destapó los actos de corrupción que Odebrecht realizó en 20 países para obtener contratos de obra pública– como a Brasil, nación en la cual se creó la empresa, para identificar a los funcionarios mexicanos que habrían recibido 10.5 millones de dólares.
