Por los probables delitos de asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, ciudadanos defraudados interpusieron una denuncia ante la delegación Veracruz de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de una empresa que los estafó.
Esta mañana, los agraviados acudieron a las oficinas de la dependencia federal para dar inicio al proceso legal.
Resulta que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se tiene registro de por lo menos 600 personas que dijeron haber sido defraudadas por la Fundación «Hay que ayudar», que inició operaciones en mayo del año pasado.
Posteriormente, dicha fundación obtuvo un registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la empresa Corporativo Integrador de Negocios Corporativos Sociedad Anónima Promotora de Inversiones de Capital Variable (CINI SAPI de C.V.), esto ya en enero del 2017.
“Nos invitaron a ser prácticamente como socios de una empresa que distribuía agua alcalina y se llamaban módulos, un módulo te costaba 370 pesos y de esta manera quien quería invertir más pues lo hacía, cantidades grandes, hasta 100 mil pesos, ellos prometían dar rendimiento casi al doble”, detalló Federico Morales Parra, uno de los defraudados.
Mencionó que incluso hace un año el gobierno federal congeló las cuentas de “Hay que Ayudar”, debido a que los representantes no pudieron aclarar el origen de sus bienes. En enero de 2017 ya laboraban de nueva cuenta, pero ahora constituidos como CINI SAPI de C.V.
Aunque para los agraviados esta situación resultó extraña, confiaron en lo que los encargados de la compañía les prometieron y siguieron invirtiendo, hasta que en marzo del año en curso la empresa desapareció de Veracruz y el resto del país.
Los afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero al detectar la probable comisión de delitos del orden federal como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, decidieron trasladarse a la PGR.
“Estamos solicitando la intervención de la PGR toda vez que entre más se hacen las investigaciones, pues se investiga que estas personas están organizadas de una manera pues obviamente profesional, se organizaron para delinquir y usaron instituciones federales para usar registros federales como es el SAT, como es la Condusef, bancos también, entonces usaron instituciones federales para poder delinquir”, argumentó Jacob Gayosso, abogado de los afectados.
El litigante dijo tener conocimiento de que los delincuentes utilizaron el dinero recaudado del fraude para comprar bienes inmuebles en el estado de Veracruz.
La compañía fraudulenta también operó en otros estados de la República Mexicana. A la fecha, se existe un registro de aproximadamente 10 mil defraudados, y los hay desde quienes invirtieron 370 pesos hasta quienes aportaron cien mil pesos.
