La fracción del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para que los ayuntamientos tengan más funciones y cuenten con un norma que respalde sus acciones en contra de la trata de personas en nuestra entidad, particularmente cuando se trate de menores de edad.
Con su proyecto de decreto, los legisladores del blanquiazul proponen la adición de los artículo 77 bis y 77 ter y la derogación de la fracción IV del artículo 77 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Estos Delitos del Estado de Veracruz.
Ello, para señalar que los ayuntamientos deberán apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los servidores públicos y funcionarios que puedan estar en contacto con posibles víctimas y también para el público en general.
Adicionalmente, deberán apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia; editar y producir materiales de difusión para la prevención de los delitos previstos en la Ley General y fomentar y difundir actividades de conocimiento y prevención de los delitos previstos en la Ley General.
Otras medidas que deberán adoptar es la de impulsar y fortalecer en sus tareas a las instituciones y organizaciones privadas que prestan atención a las víctimas y testigos de los delitos contenidos en la Ley General.
Y detectar y prevenir la trata de personas, en el territorio bajo su responsabilidad, a través de la autorización de funcionamiento de establecimientos como bares, clubs nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, baños, vapores, loncherías, restaurantes, vía pública, cafés internet y otros, así como a través de la vigilancia e inspección de estos negocios.
En el artículo 77 bis que se agregaría, se propone que los municipios que no cuenten con policía municipal, podrán pedir la cooperación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para realizar las referidas inspecciones.
Sostienen que su propuesta busca dotar a las autoridades de facultades y atribuciones para prevenir y combatir en particular la explotación laboral y de cualquier tipo, de los menores de edad, apuntando las atribuciones que el Estado y los Municipios actualmente ya tienen señaladas por otros cuerpos normativos, para aclarar de mejor manera lo anterior.
