El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso local, propuso reformar el artículo 206 Bis del Código Penal para el Estado para aumentar las penas a quienes roben instalaciones eléctricas y otras de servicios públicos.
En la iniciativa presentada ante la Diputación Permanente, se plantea que ello aplicaría a quien, con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero, níquel y sus aleaciones, utilizados en monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas, partes de medidores de agua, luz o gas, o en equipamiento urbano, industrial, agrícola o de cualquier otra naturaleza de carácter público o privado.
Por lo que si el valor de lo robado no excediere de cien unidades de medida y actualización, con prisión de tres a nueve años y multa de hasta cuatrocientas unidades de medidas y actualización.
Cuando el valor de lo robado excediere de cien unidades de medida y actualización, la prisión sería de 5 a 15 años y multa de hasta 900 unidades de medida y actualización.
Y si las conductas a que hacen referencia las fracciones anteriores, causarán afectaciones a un grupo de más de cien personas, las infracciones a que hacen referencia, podrán aumentarse hasta una tercera parte.
De igual forma, si las conductas previstas en las fracciones en este artículo, fueren cometidas como medio para cometer otro delito, las sanciones previstas se aumentarán hasta en dos terceras partes.
En tribuna, la diputada panista, María Josefina Gamboa Torales, expuso que los amantes de lo ajeno no han perdido la oportunidad de obtener un ingreso económico mediante actividades ilícitas, ya que se han dado varios ejemplos de robo de los materiales que se han adquirido para ser utilizados en la creación o mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, o lo que es más increíble, se los han robado, ya una vez que están incorporados a las luminarias públicas.
Según ella, esta situación ha provocado afectaciones a colonias enteras al verse privadas de este servicio público e incluso, despojadas del suministro de electricidad, tal como ha sucedido en varias colonias del puerto de Veracruz.
Denunció muchos de estos delincuentes, trabajan de forma estructurada, puesto que se presentan con uniformes similares a los usados por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), haciendo creer a los vecinos que están dando mantenimiento a las instalaciones, cuando en realidad se trata de delincuentes que inutilizan las lámparas públicas, provocando con ello un ambiente de inseguridad por las tardes y las noches, al convertirlas en ideales para delinquir.
