Exhorta Congreso al Orfis a revisar exhaustivamente adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia

Los diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, aprobaron por unanimidad de votos, un exhorto al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a realizar una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de video vigilancia, anunciado por el ex titular Ejecutivo del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, en octubre del 2017.

Dicha mandato deriva de la propuesta que presentó el pasado 27 de noviembre, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, y que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentó hoy como un proyecto de punto de acuerdo.

En el exhorto, se ordena al Orfis a remitir al Poder Legislativo un informe detallado con los hallazgos respectivos, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales de denuncia ante las instancias correspondientes, en caso de encontrar elementos para ello.

Cabe recordar que el diputado morenista, al hacer uso de la tribuna ese día, sostuvo que de acuerdo a lo informado por Yunes Linares en 2017, las cámaras serían instaladas en lugares estratégicos de seis regiones del estado.

Por lo que en Pánuco habrían 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084; en una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio, con una inversión superior a los 700 millones de pesos.

Pero según él, habían pasado más de un año de este anuncio y no se había visto avance alguno en relación a la operación de este sistema de video vigilancia.

“Esto a pesar de que en el anuncio original se estableció al mes de enero de este año como la fecha de arranque para el funcionamiento de este sistema”, expresó al decir que hasta la situación en materia de seguridad se ha deteriorado visiblemente, registrándose diariamente una gran cantidad de delitos de alto impacto.

Según él, la adquisición de las cámaras de video vigilancia se dio con una empresa que tiene un expediente de inhabilitación abierto y sancionada por la Secretaría de la Función Pública en el 2014.