Aunque jubilados denunciaron que cada mes el líder ferrocarrilero, Víctor Flores, los despoja de 1.4 millones de pesos por cuotas sindicales sin que tengan relación con ese gremio, un Ministerio Público Federal no encontró elementos para ejercer acción penal en su contra, después de 8 años.
En la notificación, fechada el 31 de diciembre de 2018, y otorgada a los ferrocarrileros en este mes, se refiere que el tema deriva de un convenio laboral y que no existe “engaño alguno”.
Desde 2011, unos 30 mil jubilados fueron incluidos sin su consentimiento en el padrón del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, y desde entonces a cada uno se le descuenta 53 pesos de su pensión.
“Es obvio que Flores se está moviendo en los juzgados para echar abajo nuestra acusación, la ilegalidad está a la vista, nos quita dinero a personas que no pertenecemos a su sindicato ¿Cómo se llama eso? ¿Para que se le castigue, qué delito tenemos que poner en la denuncia? Tenemos los recibos actuales de esos descuentos, nos está despojando de nuestro dinero a más de 25 mil abuelos”, dijo a REFORMA, Gregorio Orta, uno de los denunciantes.
Salvador López Mayorga, agente del MPF de la Fiscalía General de la República en auxilio de la Mesa XX-DDF notificó en el oficio 2693/2018 a los jubilados que derivado de las denuncias AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11/-12 y su acumulada AP/PGR/DDF/SPE-XXV/1474/13-03 el no ejercicio de la acción penal por el delito de fraude.
Los jubilados se declararon inconformes con esa respuesta del MFP y acudieron ante la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales y Amparo de la FGR, para que se revise su caso.
“Es inaceptable que el MFP se haya tardado ocho años en advertir que la acusación se trata de materia civil, lo cual es falso, el denunciante lo hizo por fraude, pero es deber del MPF determinar cuál delito es el que se configura. No pertenecemos al sindicato mencionado, no somos agremiados, lo que hace ilegal el descuento de la ‘cuota sindical’ a nuestra raquítica pensión”, se indica en el documento de inconformidad entregado a la Subprocuraduría.
