Este miércoles, en la sede central del Poder Judicial, se puso en marcha el Plan de impartición de justicia para las personas, comunidades y pueblos indígenas por parte del Consejo de la Judicatura del Estado, evento que fue encabezado por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez; el presidente del Congreso local, José Manuel Pozos Castro y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.
Al respecto, Álvarez Peña sostuvo que, por una parte, este protocolo guiará al juzgador sobre cómo debe actuar al atender un asunto en donde se involucren derechos de indígenas y al mismo tiempo será exigible para las autoridades judiciales.
Entre los principales objetivos se encuentra la armonización y adecuación del marco normativo del Poder Judicial con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las personas indígenas; se difundirá el protocolo de actuación en todos los distritos judiciales priorizando aquellos que cuenten con un mayor número de comunidades y pueblos indígenas; se incrementará, con el apoyo de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial, el número de peritos intérpretes en todo el estado y se establecerá una coordinación permanente con los consejos consultivos regionales para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Algo a destacar, sin duda, es que se llevará a cabo un diagnóstico sobre los procesos penales en donde estén involucrados indígenas con la finalidad de informar los beneficios que les otorga la Ley nacional de ejecución penal así como verificar que las personas indígenas sujetas a proceso cuenten con un intérprete certificado.
Al participar en este evento, el Maestro Juan Hernández Ramírez, poeta y defensor de las lenguas indígenas, sostuvo que las etnias originarias “festejamos este acierto por ser Veracruz el primer estado de la República en presentar este plan, que nos hace visibles como sujetos de derecho ante la legislación y órganos jurisdiccionales encargados de la procuración e impartición de justicia”.
Dijo que en Veracruz hay más de 500 indígenas recluidos en los diferentes Centros de Reinserción Social, “muchos de ellos fueron juzgados sin contar con intérpretes que de manera profesional y jurídica les guiaran sobre cómo declarar ante los órganos jurisdiccionales”, por lo que propuso llevar a cabo una mesa de análisis de los expedientes de personas indígenas procesadas con el fin de que logren su libertad, que estaría integrada por representantes del Poder Judicial, Fiscalía del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Dirección de Prevención y Reinserción Social, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y él como observador.
Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García reconoció el esfuerzo del Poder Judicial “pues de todos los sistemas judiciales que se han tenido hacía falta en ellos este protocolo que permitirá un acceso a la justicia pronta, expedita y constitucional para nuestros pueblos; tenemos en Veracruz culturas indígenas vivas a diferencia de otros lugares y es fundamental que a través de estos protocolos evitemos una aplicación de la justicia desvirtuada”.
Sin duda, la coordinación entre los poderes del estado ha empezado a dar buenos frutos y qué mejor que sea con la finalidad de atender las demandas y exigencias de las comunidades indígenas de Veracruz, como lo demuestra la puesta en marcha de este plan de acción promovido por el Consejo de la Judicatura del Estado. Ojalá que la propuesta del Maestro Juan Hernández Ramírez para integrar una mesa de análisis sobre casos de indígenas en reclusión pueda sea atendida con prontitud. Bien.
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