La solicitud de extradición de Karime Macías, que presentó la entonces Procuraduría General de la República ante el Reino Unido a nombre de la Fiscalía de Veracruz, se basa en una sola prueba: la acusación de Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, quien supuestamente dijo que la esposa de Javier Duarte ordenó pagar 112 millones 213 mil 844 pesos a empresas fantasma.
Las otras pruebas para lograr la extradición son 28 contratos del DIF estatal con empresas fantasma, en los que no aparece su firma, de acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Animal Político.
Además , Nemi Dib ya había rectificado sus declaraciones en contra de la esposa de Javier Duarte.
La declaración ministerial que se recabó a Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, fue durante el periodo en que se hicieron las mencionadas contrataciones.
Lo que se refiere es que Nemi Dib señaló que las empresas mencionadas fueron contratadas a través de licitaciones simplificadas (sin una competencia real), y que las mismas fueron seleccionadas por Macías. El documento no explica cómo la esposa del gobernador daba estas instrucciones.
“Nemi Dib manifestó que por órdenes de Karime Macías Tubilla se realizaban los pagos a las empresas con celeridad, derivado a que eran proveedores que ella solicitaba para el DIF”, señala el documento.
Este año el propio Nemi Dib promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que desestima la referida declaración y las demás en contra de otros exfuncionarios, tras señalar que fue víctima de presuntos maltratos y presiones de parte de la Fiscalía estatal para inculpar a diversas personas.
El documento judicial enviado por nuestro país a las autoridades británicas, donde se explica la acusación y las pruebas con la cual se intenta responsabilizar a la expresidenta del DIF estatal, fue firmado por el entonces procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, ya que por ser un trámite de extradición corresponde a la Fiscalía federal llevarlo a cabo, aunque la carpeta de investigación del caso es de la Fiscalía de Veracruz. El trámite comenzó desde 2018.
La indagatoria se sustenta en seis denuncias oficiales que interpuso el DIF estatal concluido el sexenio de Duarte, y en donde se identifica a 10 exfuncionarios como posibles implicados (entre ellos el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá quien sigue libre), sin que Macías aparezca en esa lista.
Estos contratos presuntamente simulados fueron para la compra de diversos productos, entre ellos equipo médico, sistemas de purificación de agua, paquetes escolares, entre otros, que nunca fueron entregados a la población beneficiaria.
Cabe recordar que Karime Macías fue liberada el pasado 5 de noviembre en Londres tras cubrir el pago de una fianza de 150 mil libras esterlinas. A partir de ese momento comenzó a correr un plazo de 30 días naturales para que México presente la solicitud formal de extradición, y corresponderá a la justicia británica decidir si la autoriza o la rechaza.
A continuación, se detallan puntos y evidencias clave de la orden de aprehensión en contra de Karime Macías:
Las seis denuncias
De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación contra Karime Macías inició a partir de seis denuncias penales presentadas en marzo de 2017 por el DIF de Veracruz, relacionadas con posibles contratos simulados que firmó dicho instituto con seis empresas, entre 2010 y 2012. Se trató de una denuncia por cada empresa.
Las empresas señaladas en las denuncias fueron: Pefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; Grupo Balcano SA de CV; y Anzara SA de CV.
Todas estas empresas han sido identificadas como compañías que simulan las operaciones que facturan, es decir: empresas fantasma. Las seis compañías forman parte de la red empresarial que Animal Político reveló por primera vez en mayo de 2016, y a través de la cual se desviaron cientos de millones de pesos en el sexenio de Duarte.
(Arturo Ángel / Animal Político)
