Reynaldo Escobar Pérez
Durante las décadas comprendidas del 1 de enero del 2000, al 31 de diciembre del 2019, se cometieron aproximadamente 200,000 homicidios dolosos, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública y medios de comunicación nacionales y extranjeros, que desde entonces, han recomendado a todo el mundo no viajar a nuestro país. Fueron los Estados de Guerrero, Edomex y Chihuahua, los que concentraron el 27.3 % del total nacional.
El panorama violento cuya disminución se esperaba con la llegada al gobierno de un nuevo régimen, avalado por arrolladora votación, se ha convertido en la más grande desilusión de los mexicanos, al recibir cotidianamente noticias sangrientas, que dan cuenta de la inseguridad y criminalidad imparables, que padecemos de norte a sur y del golfo al pacífico.
Nadie está a salvo ante el récord de homicidios ejecutados incluso en contra de Jueces y Magistrados del Poder Judicial Federal, de Presidentes Municipales y funcionarios públicos de los tres ordenes de gobierno, puesto que las bandas criminales, de narcotraficantes y secuestradores, trabajan sin descanso y en más de las veces en complicidad con los cuerpos de policía y seguridad pública.
Los años de mayor violencia y criminalidad desde el año 2000 a la fecha, son los dos últimos (2000-2021), récord sangriento para el gobierno de la 4T, que rebasa con mucho a los gobiernos encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Y si a la estadística criminal se agrega el número de muertes ocurridas por la Pandemia del Covid19, por la ineficacia del gabinete federal encargado constitucionalmente de velar por el derecho a la Salud de los mexicanos, ningún integrante del gobierno federal, habrá de escapar de la condena popular.