Pablo Jair Ortega / José Ortiz Medina
Una de las empresas que están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la española Acciona por presunto lavado de dinero.
La compañía está acusada de realizar prácticas de corrupción en América Latina, mediante sus filiales.
“Una de sus subsidiarias en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por ejecutar un esquema de corrupción. Otra de sus filiales en Ecuador se encuentra en investigación debido a que participó con Odebrecht en la construcción de una línea del Metro, por lo que se le investiga por posibles sobornos a autoridades de Ecuador. Además, Acciona también pagó una multa en España por un esquema de corrupción a autoridades de la localidad de Aragón, del cual se declaró culpable”, detalla una nota publicada este lunes por el diario nacional La Jornada.
De acuerdo a la información publicada, la investigación se centra sobre el parque eólico El Cortijo, localizado en Tamaulipas, donde se ha detectado que participó una empresa con características de fachada.
“Se trata del primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la administración de Enrique Peña Nieto (…) El parque eólico El Cortijo es el quinto de Acciona en México y primero en ponerse en marcha de los vinculados a la reforma energética”, detalla La Jornada.
Pero Acciona también tiene presencia en Veracruz; más específicamente en Boca del Río.
El 18 de diciembre de 2017, Acciona se adjudicó el contrato del servicio de gestión integral de agua del municipio de Boca del Río, en la zona metropolitana de Veracruz, por un periodo de 30 años y un valor de 940 millones de dólares. El alcalde era Miguel Ángel Yunes Márquez, también fallido aspirante a la gubernatura.
“El objetivo del contrato es la mejora en el servicio de agua potable que reciben los usuarios, consistente en incrementar la continuidad del servicio y la cantidad y calidad del agua. ACCIONA Agua invertirá en la concesión 100 millones de euros, de los que más de 80 millones se destinarán a la mejora de las infraestructuras hidráulicas” dice un comunicado de la compañía, publicado en su página de internet.
“Para la gestión del contrato se constituirá una sociedad en la que participarán como accionistas el Ayuntamiento (2%), ACCIONA Agua (69%) y Malibran (29%), siendo ACCIONA Agua el socio tecnológico. La empresa resultante será Compañía de Agua de Boca (CAB)”, detalla.
Este contrato incluso es protegido y clasificado, al grado de que el actual alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli decidió encubrir toda la operación al justificarse que “el gobierno municipal no desea que se den a conocer los nombres de los empresarios con quienes se realizó el negocio, como tampoco la dirección de la empresa y mucho menos los sueldos que van a recibir”, según una nota de La Jornada Veracruz, quien había solicitado vía la Ley de Transparencia información de dicha concesión.
“Para ello, el Comité de Transparencia de Boca del Río decidió ocultar estos datos a la ciudadanía, justificando que se pone en riesgo la estabilidad financiera del ayuntamiento o pudieran darse a conocer datos privados de la empresa”, subraya.
“Dado el caso que la empresa con la cual se realiza el convenio para la prestación de servicios públicos de abastecimiento y distribución de agua potable, operación de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y tratamiento de aguas residuales y su reuso, servicio de saneamiento, servicios comerciales, mantenimiento preventiva y conexos del municipio de Boca del Río contiene datos privados de los particulares se ha decidido clasificar como confidencial”, fue la respuesta del ayuntamiento boqueño.
El contrato entre la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez y la empresa española investigada, se otorgó apenas 15 días antes de que concluyera su periodo como alcalde e inició trámites casi faltando mes y medio para finalizar su gestión municipal.
De entrada, el ayuntamiento de “ChiquiYunes” le autorizó incrementar el costo del servicio en 43%, como regalo de salida a los boqueños.
Sobre la investigación de la UIF
El parque eólico El Cortijo, localizado en Tamaulipas, fue construido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018.
Las investigaciones de la UIF, dependiente de la SHCP, se derivan de las averiguaciones en torno al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la que se detectaron operaciones de presunto lavado de dinero por parte de Baltazar “N”, uno de los personas vinculadas al círculo del mandatario estatal. La empresa de energía eólica tiene como accionista a Baltazar “N” que también es accionista de una empresa inmobiliaria, relacionada con esquemas de corrupción utilizado para la venta de un inmueble en Santa Fe, propiedad del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Acciona además de los cinco parques de energías renovables en México, construyó el distribuidor Vial de Ixtapaluca, la Central Hidroeléctrica San Rafael, en Nayarit. En materia inmobiliaria construyó el Corporativo Parque Reforma, primer gran centro corporativos ubicado en Polanco. También edificó el condominio de alta gama Playamar Tres Cantos en Acapulco, Guerrero y el desarrollo inmobiliario Parque Reforma en Cumbres Santa Fe.
De la información obtenida se sabe que una de las empresas familiares de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, adquirió prácticamente la totalidad del ejido de la Retama, a escasos kilómetros del parque eólico El Cortijo.
Con información de La Jornada
