Un proyecto de resolución, que se discutirá y votará en el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determina improcedentes las impugnaciones presentadas contra la consulta de revocación de mandato realizada el 10 de abril pasado, debido a que el ejercicio ciudadano no alcanzó el 40% del listado nominal para que su resultado fuera vinculante.
En el documento elaborado por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, y publicado en el sitio del Tribunal Electoral desde el 21 de abril, se declara improcedente la solicitud de invalidar el proceso de revocación de mandato, así como las de recontar la votación recibida en diversas casillas y anular la votación recibida en otras.
Los juicios de inconformidad contra el proceso de revocación de mandato desechados en el proyecto fueron presentados por los partidos Movimiento Ciudadano, PRD, Morena y el PRI, y también por el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, al considerar que la existencia de violaciones graves “que vulneraron los principios que debieron regir en el ejercicio revocatorio”.
“Son inviables las pretensiones de recontar la votación recibida en diversas casillas y anular la votación recibida en otras, así de como invalidar el proceso de revocación de mandato, ya que el proceso carece de efectos jurídicos al no haberse logrado el porcentaje de participación ciudadana exigido jurídicamente para que el proceso sea válido”, se lee en el proyecto de Rodríguez Mondragón.
Asimismo, el proyecto resuelve vincular a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Sala Regional Especializada del TEPJF y a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEDE) para que investiguen y, de ser el caso, sancionen las conductas irregulares denunciadas por quienes promovieron los recursos de impugnación contra la consulta.
Cabe apuntar que el PRD acusó en la impugnación que presentó el uso de recursos de procedencia ilícita por parte de la organización “Que siga la democracia” para promover la consulta, que le habrían sido entregados por Morena. También señaló la injerencia de funcionarios que realizaron propaganda gubernamental y promoción presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo cual implicó un uso indebido de recursos públicos y presión del electorado”.
Por su parte, Movimiento Ciudadano solicitó a la Sala Superior del TEPJF pronunciarse sobre los hechos acusados durante el proceso de revocación “para no dejar un precedente que permita la impunidad de estas irregularidades”.
(Latinus)
