El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, envió al Congreso local su iniciativa para que se disminuya el valor de las multas que se apliquen a los conductos por infracciones de tránsito, misma fue turnada a la Comision Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.
En el proyecto de decreto que deroga la fracción XXVIII del artículo 3, y reforma el artículo 153 de la Ley número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, el mandatario señala que su administración no es omisa que ante la situación económica por la que atraviesa no sólo la entidad veracruzana, sino que afecta a todo el país, muchos ciudadanos ven mermado su acceso a una serie de mínimos indispensables como los son una vivienda digna, salud, educación de calidad, alimentación, entre otras.
Expone que la referida normatividad establece en ese numeral, el monto de las sanciones pecuniarias a que se harán acreedores los conductores de unidades del servicio de transporte público o particular por infracciones a la ley de la materia como a las de su reglamento, sanciones que resultan en algunos casos excesivas, contrarias lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Yunes Linares indica que si bien debe ser sancionado todo aquel conductor de unidades vehiculares que circulen por las vías de comunicación estatal que infrinjan esos ordenamientos legales, también es verdad que la sanción económica, debe estar dentro de un límite ordinario y razonable, para que no sea desproporcionada con la gravedad de la infracción cometida y con la capacidad económica del infractor.
“Pero sin que esa sanción afecte gravemente la situación económica que tiene la mayoría de los veracruzanos, dado que la imposición de multas por la comisión de infracciones a la ley, no es con fines recaudatorios para el Estado, sino para mejorar la seguridad vial de la ciudadanía y prevenir la infracción al marco normativo”, precisa en la exposición de motivos.
El titular del Ejecutivo aclaró que la actualización de los montos de las multas impuestas con motivo de las infracciones a la ley en cuestión y su reglamento a favor de la ciudadanía, no implica la omisión en la observancia de las disposiciones penales aplicables, respecto de aquellos casos en los que se acredite la comisión de un delito.
