La titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que Veracruz se encuentra entre las entidades que presentan mayor violencia política en el país.
“Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes. 35 que han implicado atención especializada como proveerles un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en su domicilios, además se han analizado 58 casos en los que se han alertado probable violencia. Afortunadamente no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. Más del 47% de estos casos se concentran en 6 entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo” dio a conocer la funcionaria.
“Sabemos que algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio. Para implementar esta estrategia, también se ha tenido intensa comunicación y colaboración con los señores y señora gobernadora, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, y otras autoridades estatales a través de las Mesas de Construcción para la Paz y Seguridad a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir”, detalló en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.
En este sentido, reafirmó que los candidatos y candidatas a gubernaturas y diputaciones federales son protegidas por el Gobierno de México, mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo en coordinación con el Gobierno de México, de las autoridades estatales en coordinación con las municipales. “Cada caso es diferente y requiere atención especializada”, subrayó.
De esta manera, puntualizó que se han atendido 117 aspirantes, candidatos o candidatas, amenazados o agredidos; de ellos 71 son hombres y 46 mujeres: “Al momento tenemos registrado 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos, se han abierto carpetas de investigación”.
“En coordinación con las autoridades estatales, el Gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales; 16 de la Guardia Nacional, y 3 de otras autoridades… De los candidatos y candidatas atendidas al momento, 82% son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos. El 18% restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales”.
Otro caso lamentable que destacó fue el asesinato de Julio César Galindo, expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo de elección popular y por cuya investigación la Fiscalía del Estado ha cumplimentado 4 órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas de Chalma, Veracruz.
