Luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años, México finalmente obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Dicha autorización era necesaria ya que el país centroamericano extraditó en 2017 al exgobernador por delitos de corrupción, y de acuerdo con el tratado firmado entre las dos naciones se requería obtener la luz verde para detenerlo u procesarlo por un delito distinto.
Sin embargo, pese a que ya transcurrieron ocho meses de que se obtuvo este permiso el proceso penal en contra del exgobernador no se ha conseguido poner en marcha en México. La orden detención no se ha cumplimentado y la audiencia inicial no se ha podido llevar a cabo. La defensa de Duarte adelantó que impugnará el proceso y que el caso se sustenta en pruebas falsas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer al medio de comunicación Animal Político que las autorizaciones de parte del gobierno de Guatemala para proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en dos momentos: una respuesta parcial el 18 de diciembre de 2020 y la definitiva el 17 de marzo de 2021.
En el oficio UDT-7573/2021 obtenido a través de una solicitud de transparencia, la SRE detalla que si bien el contenido de los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada y clasificada por cinco años, es posible revelar que el sentido de la respuesta a la solicitud ha sido positiva.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al Gobierno de México el consentimiento para a Excepción a la Regla de Especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición”, indica la dependencia federal.
Relaciones Exteriores agregó que el 19 de marzo pasado comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la autorización del gobierno guatemalteco para que se procediera en consecuencia.
Sin embargo, y como Animal Político también pudo confirmar, hasta la fecha la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz no ha sido ejecutada por agentes federales ni del estado de Veracruz. Ello pese a que Duarte de Ochoa está plenamente localizable ya que se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Norte compurgando una condena de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Animal Político publicó en octubre que el exgobernador de Veracruz podría recuperar su libertad de manera condicionada luego de que ya cumplió la mitad de dicha sentencia y a que no se ha puesto en marcha el proceso en su contra por desaparición forzada el cual es un delito considerado grave y que amerita prisión preventiva automática.
Audiencias pospuestas
Cuestionados sobre el por qué no se ha puesto en marcha el proceso en contra de Duarte de Ochoa, autoridades de la FGR indicaron que si bien esta dependencia participó en el proceso de solicitud diplomática para la obtención de la autorización, la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz y esa es la autoridad responsable de ejecutar la orden de arresto y detonar el proceso.
Las autoridades federales indicaron que se notificó oportunamente a la referida Fiscalía estatal sobre la autorización de Guatemala. Refirieron que ya hubo un primer intento de audiencia inicial pero la misma fue pospuesta.
Este medio preguntó al área de comunicación social de la Fiscalía estatal sobre las acciones que se han tomado a partir de la notificación de la FGR así como la razón por la cual no se ha cumplimentado la orden de aprehensión, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
De acuerdo con fuentes con pleno conocimiento del caso consultadas por Animal Político son dos los intentos de audiencia inicial que se han llevado a cabo en las últimas semanas ante un juez de la ciudad de México sin éxito. Uno de esos intentos tuvo que posponerse por una alerta de riesgo de covid-19 en el centro penitenciario y la segunda por un tema administrativo.
Cabe señalar que la audiencia inicial es imprescindible para que el proceso penal pueda iniciar. En ella los fiscales le darán a conocer a Duarte el delito que le imputan y cuales son los datos que prueban para sostener su posible participación en el mismo. Los defensores, por su parte, pueden exponer los datos que consideren necesarios para desvirtuar esa presunción inicial.
A partir de ello el juez decidirá si existen datos iniciales suficientes que justifiquen la apertura del proceso en contra de Duarte y fijará un plazo para que se concluyan las investigaciones. Si esto sucede el exgobernador tendría que permanecer preso ya que el delito de desaparición forzada podría ameritar una prisión preventiva justificada, sobretodo al tratarse de un segundo procedimiento en su contra.
Las desapariciones de Veracruz…
En mayo de 2018 una jueza penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Esto en agravio de al menos uno de varios jóvenes, identificado como David Lara, que fueron detenidos ilegalmente por policías estatales en 2013.
Animal Político documentó en el reportaje “Desaparecer en Veracruz” la forma en como ocurrieron estos casos. Las víctimas fueron detenidas por policías estatales sin que existieran denuncias ni órdenes de aprehensión en su contra. No fueron hechos aislados sino una operación sistemática a cargo de dos grupos de la policía que se dedicaban a realizar estas detenciones ilegales. Todas las víctimas fueron llevadas a la Academia de Policía de Xalapa y ya no se volvió a saber de ellos.
Según las investigaciones oficiales, altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, incluido el titular de la dependencia Arturo Bermúdez, habrían participado en estos hechos. En febrero de 2018 se implementó un operativo denominado “Tiro de Gracia” en el que cumplimentó órdenes de aprehensión contra 19 efectivos de esa corporación.
Al avanzar las indagatorias los fiscales establecieron que el entonces Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo, había entorpecido las indagatorias de estos hechos con la presunta intención de encubrirlos. Concretamente que habría intentado ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos en una barranca conocida como La Aurora, en donde supuestamente eran arrojados los cadáveres de las víctimas de desaparición forzada. El fiscal fue detenido en junio de 2018.
En ese contexto la Fiscalía estatal determinó que Duarte también era corresponsable del supuesto encubrimiento, ya que supuestamente ordenó al fiscal General que no se informara del número total de víctimas halladas en el referido terreno, situación que presuntamente entorpeció el esclarecimiento de los hechos.
“Se le atribuye (a Duarte) la calidad de autor intelectual en el caso ya que compelió al entonces fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a que servidores públicos desplegaran acciones que entorpecieron la investigación de la desaparición forzada de David Lara” indica la acusación de la Fiscalía.
… Y las dudas en la investigación
Pese a que en su momento tanto el exfiscal de Veracruz., Luis Ángel Bravo, así como el exjefe de la policía, Arturo Bermúdez, fueron detenidos por los casos de desaparición forzada, actualmente se encuentran libres. A través de amparos consiguieron que se les levantaran las medidas de prisión preventiva que en su momento se les impusieron y, aunque sus procesos continúan, no han llegado a una sentencia.
Tras salir de prisión dichos exfuncionarios sostuvieron públicamente que sufrieron de maltratos y torturas por parte de los investigadores para, presuntamente, reconocer hechos que no cometieron.
Bermúdez Zurita, cuyo testimonio es una de las pruebas principales de la fiscalía en contra de Duarte en el caso de desaparición forzada, escribió en una carta enviada al Congreso de Veracruz, que fue obligado a firmar una declaración en la que incriminaba al exgobernador, pues de no hacerlo habría consecuencias en contra de su familia.
Una situación similar ocurrió con Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal, y cuya declaración también fue usada en contra de Duarte. En su caso ya existe incluso una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la que se confirma que el exfuncionario fue víctima de malos tratos y tortura.
Los fiscales responsables de la investigación en contra de Duarte a la postre terminaron dejando sus cargos. En contra del exfiscal general Jorge Winckler, incluso existe una orden de aprehensión en su contra.
En julio de 2019 Javier Duarte dio a Animal Político una entrevista vía telefónica desde el Reclusorio Norte en la que calificó de un “montaje” el caso iniciado en su contra por desaparición forzada y dijo que no tenía ningún inconveniente en enfrentar un juicio y defender su inocencia.
“Ni siquiera es un caso de desaparición forzada, es de obstrucción de justicia y ese no es delito grave. Yo podría pelear esto mismo en Guatemala pero no lo voy a hacer. Lo haremos en México porque ya tenemos los elementos para documentar que esas pruebas carecen de validez y se trata de un montaje. Yo no tuve ninguna participación en nada de eso. El caso es endeble y ridículo” señaló en aquel momento el exgobernador.
Defensa de Duarte prepara impugnaciones
En un posicionamiento por escrito entregado a este medio la defensa de Javier Duarte adelantó que interpondrán recursos en contra de la autorización que dio el gobierno de Guatemala a la excepción de la regla de especialidad, toda vez que nunca fueron notificados de este procedimiento.
“No fuimos parte del proceso para actualizar la excepción a la regla de especialidad del tratado de extradición suscrito entre México y Guatemala, por lo que en estos días haremos valer los recursos procedentes a efecto de que se respeten los Derechos Humanos de Javier Duarte, mismos que se encuentran previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos otros tratados internacionales”, indicaron los abogados.
Los representantes del exgobernador subrayaron que esta acusación se ha construido a partir de pruebas y declaraciones falsas de exfuncionarios del gobierno pasado, que incluso fueron obtenidas con tortura como ya se confirmó en el caso de Gilberto Aguirre, y como lo prueba el hecho de que ahora el exfiscal responsable del caso, Jorge Winckler, esté prófugo.
“Nos sorprende que la Fiscalía General del Estado continúe con este proceso cuando ha quedado plenamente acreditada la falsedad de los hechos que se pretenden imputar a los involucrados”, añadieron los abogados.
En ese contexto la defensa reiteró que echarán mano de todos los recursos a su alcance para frenar lo que calificaron como una “campaña de desprestigio” en contra del exgobernador de Veracruz.
(Animal político)
