En la conferencia “mañanera” realizada este martes desde Culiacán, Sinaloa, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, destacó los casos del ex alcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín; el ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco; y el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, Gabriel Deantes, mencionándolos como beneficiados de jueces federales que les otorgaron amparos para salir de prisión.
CASO TITO DELFÍN
El 24 de abril de 2023, el juez José Ezequiel Santos Álvarez otorgó un amparo al ex alcalde de Terra Blanca, Tito Delfín Cano, para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el 24 de septiembre de 2022 por delitos ambientales, ordenando su absoluta e inmediata libertad. Esta determinación fue confirmada por unanimidad por los magistrados del segundo Tribunal colegiado el 5 de octubre de 2023.
Uno de los argumentos del juez Santos Álvarez fue que no se le puede considerar partícipe de delitos ambientales a Tito Delfín por el solo hecho de haber firmado una contratación a una empresa para la limpieza del municipio, misma que contaminó el medio ambiente en Tierra Blanca por tirar basura a cielo abierto.
Ello, a pesar de que la Fiscalía de Veracruz presentó como medios de prueba dictámenes en materia pericial en criminalística y en material ambiental, del daño causado.
CASO ROGELIO FRANCO
A Rogelio “N” se le acusó de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios de imagen pública, presuntamente para posicionar al hijo del entonces gobernador del estado de cara a la elección del 2018.
El 12 de junio de 2023, el juez Fermín Santiago Santiago otorgó un amparo a Rogelio “N”, ex secretario de Gobierno de Veracruz, para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el 21 de diciembre de 2022 por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público, y ordenó al juez de Control dictar la no vinculación por falta de elementos para procesar.
El juez Santiago Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de vago realizadas por Rogelio “N” fueron arbitrarias o sin fundamento legal, ya que, de haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al gobernador del Estado, lo cual no ocurrió, por lo que no se determinó detrimento en el patrimonio del Estado.
Esta resolución fue confirmada por mayoría de votos por un Tribunal Colegiado el 7 de septiembre de este año, con dos votos a favor de Ricardo Reyes González y Rafael Remes Ojeda; y uno en contra de Martín Soto Ortiz.
CASO GABRIEL DEANTES
El 31 de agosto de este años, la jueza Zarahí Escobar Acosta otorgó un amparo a Gabriel “N° para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio de 2023 en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito. Para ello, ordenó al juez de Control que citara a las partes a una nueva audiencia y con plenitud de jurisdicción determine variar o no la prisión preventiva.
La jueza argumentó que el juez de Control y Enjuiciamiento no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la ideonidad y proporcionalidad de la prisión preventiva. Ello, a pesar de que la jueza ya tenía conocimiento de que Gabriel “N” ya había sido sentenciado a 6 años y seis meses de prisión el 15 de junio de 2023, por lo que había peligro de sustracción.
En cumplimiento a lo anterior, el 9 de octubre, el juez local de Pacho Viejo, René Ortiz Santorius, impuso resguardo domiciliario como medida cautelar.
