José Ortiz / EN CORTO / Columna de opinión
Una vez más llega a nuestra redacción información que coloca bajo los reflectores a Zoila Aradillas Guzmán y Carlos Alberto Bernal Martínez, una pareja que no solo busca consolidar su cercanía en el Poder Judicial de Veracruz, sino que parece perseguir un objetivo más ambicioso: saciar una desmedida sed de dinero y poder, a costa de la legalidad, la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.
Su historial los precede. No es la primera vez que aparecen vinculados a círculos de poder político. Como se recuerda, durante los años de influencia del PAN, se les llegó a ver en fastuosas reuniones organizadas por los Yunes en el exclusivo Club de Golf Villa Rica. Aquella cercanía fue, para muchos, la antesala de un modus operandi basado en el oportunismo y la sumisión al mejor postor.
Una dupla marcada por el oportunismo
Diversas fuentes coinciden en que Aradillas y Bernal han hecho del presunto tráfico de influencias, el presunto abuso de confianza y el servilismo político su estrategia constante. Su habilidad no se centra únicamente en escalar posiciones dentro del entramado burocrático, sino en transformar cada cargo en un mecanismo de acumulación de privilegios y aparentes beneficios económicos.
El estilo de vida que presumen contrasta con los ingresos oficiales que reportan. Para quienes los observan de cerca, no se trata de un ascenso burocrático ordinario, sino de un proyecto de vida cimentado en la ostentación y el enriquecimiento presuntamente inexplicable.
El lujo detrás del discurso
El caso más evidente es la educación de su descendencia, pues una de ellas primero fue enviada a París, Francia, a un curso de más de seis meses, con un costo estimado de más de $300,000 pesos, considerando matrícula, hospedaje, alimentación y viáticos.
Posteriormente, se le inscribió en la exclusiva Universidad Panamericana de la Ciudad de México, donde la colegiatura mensual supera los $35,000 pesos, a los que se suman alrededor de $20,000 pesos en manutención. Es decir, más de $55,000 pesos mensuales o $660,000 pesos anuales.
Otra descendiente estudia en el Colegio Americano de Xalapa, con colegiaturas superiores a los $8,000 pesos mensuales, sin contar actividades extracurriculares como las que tomó que es el esgrima, actividades para gente de un estatus social elevado, ni cuotas adicionales.
La pregunta resulta inevitable: ¿de dónde provienen los recursos para sostener un estilo de vida que supera por mucho los ingresos legales de la familia?
Ingresos insuficientes y señales de presunto enriquecimiento ilícito
De acuerdo con el Portal de Transparencia, el salario neto mensual de Zoila Aradillas no rebasa los $30,000 pesos. A ello se suma que su esposo, Carlos Alberto Bernal Martínez, lleva años sin desempeñar un empleo formal y, según testimonios, se sostiene de “gestiones” al parecer «opacas» y presuntos cobros indebidos disfrazados de presuntos favores judiciales.
El desfase entre ingresos y egresos es abismal: solo en colegiaturas y manutención de sus descendientes se requieren más de $700,000 pesos anuales, sin incluir viajes, lujos personales ni gastos cotidianos. Tal desequilibrio abre la puerta a la sospecha de presunto enriquecimiento ilícito, sustentado en denuncias ciudadanas que apuntan a la presunta venta de favores y presuntos fraudes bajo el amparo de supuesta influencia en el Poder Judicial.
Testimonios de abuso y presunto fraude
Varios ciudadanos comentaron a este medio de comunicación que la pareja se presenta como intermediaria con “padrinazgos” en juzgados y oficinas públicas, prometiendo la resolución de conflictos legales o la agilización de trámites a cambio de presuntas sumas considerables de dinero.
Sin embargo, en muchos casos, las promesas nunca se cumplen. Esto deja tras de sí a personas defraudadas y con temor de denunciar, pues Aradillas y Bernal presumen contar con protección en altas esferas.
Más que ambición: un riesgo institucional
El problema trasciende lo personal. La cercanía de esta dupla con la futura presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado representa un riesgo directo a la credibilidad de la justicia en Veracruz.
De consolidarse su influencia como operadores cercanos, no solo quedaría comprometida la imagen de la próxima presidenta, sino también la confianza ciudadana en un sistema judicial que debería ser garante de legalidad, no un botín de intereses personales.
¿Tolerancia o complicidad?
El caso de Aradillas y Bernal plantea un dilema ineludible: ¿se trata de simple tolerancia por parte de las autoridades o de una complicidad que alcanza niveles institucionales?
La justicia en Veracruz enfrenta un momento decisivo. Permitir que personajes con un historial de denuncias, excesos y prácticas cuestionables operen en la sombra del máximo tribunal, no solo sería un error político: sería un lastre institucional que pondría en entredicho la posibilidad de un Poder Judicial confiable, autónomo y transparente.
En este contexto, la sombra de Zoila Aradillas Guzmán y Carlos Alberto Bernal Martínez no es un simple escándalo de presunta corrupción más: es la advertencia de un peligro latente para la justicia y la gobernabilidad en Veracruz.
