El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) buscar y dar a conocer el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso «Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, del 25 de noviembre de 2012, fecha en que se constituyó, y hasta finales de 2013.
La dependencia pública indicó que el monto de los recursos acumulados al 31 de enero de 2015, ascendió a 286 millones 380 mil 650 pesos, pero precisó que solo se ejercieron durante el periodo fiscal 2014, poco más de 15 millones 832 mil 69 pesos, y respecto al presente año, los recursos utilizados correspondían a 35 millones 279 mil 450 pesos.
Sin embargo, respecto a los fines para los cuales se aplicó, Bansefi respondió no conocer la información, pues únicamente, previas instrucciones que recibe de la Secretaría de Gobernación, destina los recursos necesarios para implementar y operar las medidas decretadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas.
En cuanto al requerimiento de los montos no ejercidos, manifestó que carece de facultades para determinar, decretar o modificar las medidas referidas previamente, ya que ello sólo compete a la Junta de Gobierno.
Inconforme, la solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI manifestando que la respuesta era incompleta, pues no se le informaba por año el monto de recursos asignados y ejercidos, así como por la falta de datos sobre los fines para los cuales se destinan los recursos referidos.
En el análisis jurídico, derivado de un estudio normativo de las atribuciones y alcances del Bansefi, se advirtió que en su calidad de fiduciario, se encuentra en condiciones de informar sobre los recursos asignados y ejercidos con cargo al fideicomiso, desde el 25 de noviembre de 2012, fecha de su constitución, hasta finales de 2013 dado que sólo atendió en su respuesta original lo propio del 2014 y 2015.
Por otra parte, durante la celebración de una diligencia de acceso a la información en la sustanciación del diverso RDA 4616/15, se pudo advertir que si bien, el sujeto obligado no es quien lleva a cabo los procedimientos de contratación respectivos, lo cierto es que derivado del ejercicio de sus funciones, cuenta con copias de las facturas en que se consignan los bienes y servicios adquiridos para la implementación de medidas de protección, lo cual da cuenta de la solicitud de la particular en torno de los fines a los que se destina el gasto mencionado.
No obstante, el INAI señaló que tales documentos contienen el nombre o razón social del proveedor del bien o servicio adquirido, cuya difusión podría poner en riesgo su vida o seguridad, debido a los actos violentos que agresores pudieran infligirles a fin de obtener datos sobre la manera en que se implementan las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que al momento de entregar esta información al particular, Bansefi deberá hacerlo en versión pública.
FUENTE: LA JORNADA
