Un presunto daño patrimonial por 166 millones 775 mil 406.56 pesos se detectó en la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014.
48 ayuntamientos resultaron con un presunto daño patrimonial por 119 millones 748 mil 223.16 de pesos, y en cinco entes estatales , el presunto daño patrimonial es por 47 millones de pesos 27 mil 183.40 pesos.
Tan solo Agua dulce resultó con un presunto daño patrimonial superior a los 10 millones de pesos, Cosamaloapan, 4 millones 161 mil pesos; Coxquihui, 30 millones 85 mil pesos, Coatepec, 3 millones 706 mil pesos y Tamalin, 4 millones 691 mil pesos.
Cabe recordar que en el caso de los ayuntamientos, es la primera cuenta pública de las actuales administraciones municipales.
En conferencia de prensa, los diputados Francisco Garrido Sánchez y Juan René -Chinti Hernández, presidente y secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, respectivamente, lamentaron que en la cuenta pública del 2014 haya presunto daño patrimonial, pues con los cursos de capacitación no había pretextos para malversar recursos públicos.
164 ayuntamientos, 13 entidades paramunicipales y 115 entes estatales resultaron con observaciones administrativas.
El daño patrimonial por más de 47 millones de pesos en cinco entes fiscalizables se distribuye de la siguiente manera:
14 millones 531 mil 229.81 pesos en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, cuando Gerardo Buganza Salmerón era el titular; 5 millones 866 mil 468.91 pesos en el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan; 113 mil 639.18 pesos, en el Instituto Teconológico Superior de Naranjos; 25 millones de pesos 623 mil 840.02 pesos y 892 mil 005.48 pesos en el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Garantía Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural.
Los 48 ayuntamientos observados con presunto daño patrimonial son los siguientes:
Acultzingo, 3 millones 674 mil; Agua Dulce, 10 millones 165 mil 691.72 pesos; Atoyac, 2 millones 932 mil 273.54 pesos; Atzacan, 344 mil 877.88 pesos; Calcahualco, 207 mil 819.51 pesos; Cerro Azul, 290 mil 285.99; Chiconquiaco, 346 mil 31.05 pesos; Chinameca, 538 mil 106.45 pesos; Chinampa de Gorostiza, 702 mil 443.65 pesos; Chontla, 440 mil 623.99 pesos; Coatepec, 3 millones 706 mil 272.56 peso; Cosamaloapan, 4 millones y Cosautlán de Carvajal, 748 mil 717.83 pesos.
Cotaxtla, un millón 384 mil 409.03 pesos; Coxquihui, 30 millones 85 mil 009.70 pesos; El Higo, 752 mil 89.37 pesos; Fortín, un millón 42 mil 468.26 pesos; Hueyapan de Ocampo, 10 millones 619 mil 264.94 pesos; Ilamatlán, 261 mil 258.38 pesos; Ixcatepec, 2 millones 975 mil 339.02 pesos; Ixhuacán de los Reyes, un millón 694 mil 517.94 pesos; Ixhuatlán del Sureste, 3 millones 358 mil 695.02 pesos; Jamapa, un millón 60 mil 734.31 pesos; Las Choapas, 995 mil 478.49 pesos; Manlio Fabio Altamirano, 3 millones 696 mil 215.10 pesos; Martínez de la Torre, un millón 500 mil 341.40 pesos y Mecatlán, un mi,llón 971 mil 099.44 pesos.
Nogales, un millón 801 mil 308.06 pesos; Omealca, 484 mil 500 pesos; Ozuluama, 533 mil 387.34 pesos; Playa Vicente, 525 mil pesos; Pueblo Viejo, 683 mil 64.53 pesos; San Andrés Tenejapan, 253 mil 71.21 pesos; Sochiapa, dos mil,lones 937 mil 756.25 pesos; Soconusco, un millón 284 mil 688.93 pesos; Soledad Atzompa, 787 mil 243.24 pesos y Soledad de Doblado, un millón 536 mil 260.02 pesos.
Así como Tamalín con 4 millones 691 mil 525.48 pesos; Tampico Alto, 788 mil 830.59 pesos; Tecolutla, 359 mil 600 pesos; Tiefrra Blanca, 4 millones 982 mil 200 pesos; Tlachichilco, 939 mil 40.92 pesos; Tlacotalpan, un millón 238 mil 609.94 pesos; San Andrés Tlalnelhuayocan, 254 mil 520 pesos; Tlaltetela, 4 millones 740 mil 35.73 pesos; Villa Aldama, 566 mil 708.26 pesos y Zozocolco de Hidalgo, 437 mil 990.69 pesos.
Los legisladores resaltaron que en la cuenta pública del 2013 hubo 70 ayuntamientos con un presunto daño patrimonial por 533 millones de pesos; dos entidades paramunicipales por 3 millones de pesos y dos entes estatales, 267 millones de pesos, lo que significa que poco a poco se va reduciendo el daño patrimonial en el manejo de l,os recursos públicos.
A partir de esta semana, la Comisión de Vigilancia sesionará para elaborar el dictamen que tiene que ser aprobado a más tardar el 30 de este mes; posteriormente el dictamen se enviará al ORFIS para que inicie la fase de solventación de observaciones y devolución de recursos.
Los entes fiscalizables que no puedan solventar serán denunciados por daño patrimonial, incumplimiento de un deber legal y abusos de autoridad.
