La cuenta pública del ejercicio fiscal del 2015 que entregaron al Congreso del Estado los 212 ayuntamientos y los 14 organismos operadores de agua potable, están armonizadas con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que hay confianza de que las observaciones por presunto daño patrimonial se vayan reduciendo significativamente, dijo Tomás Antonio Bustos Mendoza, secretario de Fiscalización.
Entrevistado en el Palacio Legislativo momentos antes de iniciar el acto cívico para conmemorar la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, recordó que a partir del 2015, las cuentas públicas tienen que entregarse armonizadas con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
“Cada día los servidores públicos se están ya especializando porque han tenido capacitaciones muy importantes. El tema de la armonización contable es ahora de lo más relevante, y considero que las cosas van a caminar muy bien, y esto va a permitir, sin lugar a dudas, que haya una mayor transparencia, rendición de cuentas y confianza de la sociedad”.
Ahora, los recursos públicos se aplicarán exclusivamente para lo que están aprobados, lo que permite que las observaciones por presunto daño patrimonial vayan disminuyendo, pues los entes fiscalizables tendrán más oportunidades de detectar algunas cuestiones que se estén cometiendo no de acuerdo a la norma.
Asimismo, en marzo deberán entregar sus cuentas públicas del 2015, los tres Poderes del Estado, la Universidad Veracruzana y los órganos autónomos.
Por otra parte, aseveró que no cabe el perdón, cuando un servidor público hace mal uso de los recursos, y aunque repare el daño económico, si se acredita el delito tiene que ser castigado.
La malversación de fondos se persigue por oficio, haya o no denuncia, por lo que la autoridad está obligada a aplicar la justicia, aunque exista la reparación del daño.
Cuestionado de si un servidor público debe ser castigado con cárcel, aunque reintegre los recursos, respondió:
“Cuando el delito se comete, ante un procedimiento judicial no cabe el perdón, no es solamente la reparación del daño y si el delito se acredita se tiene que castigar”.
En ese sentido, precisó que le corresponde a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial aplicar la ley en contra de los funcionarios que causaron daño al erario público, y dijo que no es necesario reformar ninguna ley, ya que la malversación de fondos ya está contemplada.
Y es que el funcionario estatal fue cuestionado que el daño patrimonial solo queda en la denuncia del o los funcionarios, pero no son castigados.
En materia de rendición de cuentas se ha hecho un gran esfuerzo, y se ha tenido un avance significativo, “se está dando marcha atrás a la improvisación de los servidores públicos todos están capacitados se está avanzando a la profesionalización, y quien comete errores, pues ya tendrá que responder como la ley lo marca, no porque no sepa cómo lo debe hacer, sino porque lo hizo de manera ilegal”.
