El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura de Veracruz, Alberto Sosa Hernández, reconoció, sin especificar el monto, que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) mantiene adeudos con dicho poder público, por lo que no descartó, en caso de que no sean cubiertos a tiempo, emprender acciones legales para que se los entreguen.
“Nosotros hemos estado insistiendo todo el tiempo en que nos den nuestro dinero; en caso de no ser así, llegará un momento en que también tendremos que ponerlo de manifiesto ante las autoridades correspondientes”, expuso en entrevista posterior a la sesión del pleno de esta tarde.
Ante la posibilidad de emitir un exhorto, como lo hizo el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, añadió que este recurso puede ser de dos formas: uno, que se hace de manera judicial y, otro, que es un simple llamado para que se haga tal o cual cosa.
Y es que indicó que tienen pendiente el pago de varias obras que se hicieron en distintas partes de la entidad: “Tenemos cuestiones que tenemos que cubrir y estamos en espera de ello (el recurso) para poder hacerlo”.
Y añadió que las “grandes obras” de Xalapa y Veracruz sí se liquidaron.
Por ello, reiteró al momento de la plática con los periodistas que desconocía a cuánto asciende la cantidad del dinero retenido por la Sefiplan, “pero debemos de pagarlo”, pues recordó que se firmaron los contratos con las constructoras y si no les pagan, ejercerán acciones en contra del Poder Judicial por su incumplimiento de pago.
“Los plazos son los plazos normales; usted contrae una deuda, un compromiso y lo debe pagar en el tiempo; si no lo hace, lo más probable es que venga aquí para que le resolvamos ese problema”, bromeó al aclarar que el estar involucrados en el adeudo no los convertiría en juez y parte, ya que tendrían que resolver conforme a derecho.
“Tendríamos que resolver en derecho y conforme al planteamiento que se dé, obviamente tampoco podemos componer planas. Si usted ejercita una acción no de acuerdo a lo que establece la Ley, obviamente va a tener un problema”, subrayó.
Al pedirle su opinión sobre la acción legal que emprendió la Universidad Veracruzana (UV) en contra del Gobierno del Estado por la retención de dos mil 76 millones de pesos desde 2013, declaró que su rectora, Sara Ladrón de Guevara González, está en todo su derecho de promover los recursos necesarios para que sean entregados estos recursos.
“Es un derecho que tenemos todos y si ella ve que esto puede ser favorable, es su decisión”, finalizó Sosa Hernández.
