Desde 2013, cuando se echó a andar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, únicamente se han resuelto 10 por ciento de los casos que llegaron ante un juez, reveló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández.
Aun cuando el objetivo de los juicios orales es acortar los tiempos de resolución, especificó que desde entonces se atendieron 200 juicios, de los cuales concluyeron 20.
Igualmente, refirió que sí se acortaron los tiempos de los procesos legales, por lo que negó que exista un rezago en el nuevo sistema de justicia, como ocurría en el antiguo.
“Casos resueltos tenemos relativamente pocos, del orden de veintitantos casos, pero sí tenemos en proceso, que son los que llevamos. Es indiscutible que con este sistema sí son más rápidos los procedimientos, que es una de las cosas que tenemos en mente para que no haya rezago como en el sistema anterior”, expuso en entrevista, luego de la sesión del pleno de esta tarde.
Asimismo, recordó que la finalidad del nuevo sistema penal es que los casos no lleguen a la fase de dictar sentencia por un tribunal, salvo en delitos graves, porque en esos no habría manera de entablar una plática para poderlo resolver de una manera distinta.
En ese sentido, apuntó que la mayoría de los casos se resuelven a través de la Procuraduría, y reiteró, en relación con el avance de la implementación de los juicios orales, que todo marcha conforme a lo previsto.
“Vamos bien, sólo nos quedan los dos distritos que hemos visto: Veracruz y Cosamaloapan. En Veracruz estamos adaptando las salas de juicios orales y en Cosamaloapan tenemos una que es para juicio mercantil, nos da el mismo funcionamiento, el mismo resultado y, entonces, tenemos problemas en cuanto hace a echarlo a andar en todo el estado, el 11 de mayo”, aseveró.
A pesar del reto que representa la migración de un sistema a otro, refrendó que en Veracruz estamos preparados; aunque conforme vaya avanzando “tendremos que ir ajustando lo que sea necesario, porque no tan sólo es el juzgador el que tiene que estar preparado, también debe estar preparada la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de los fiscales; la Secretaría de Gobierno (Segob), a través de los defensores públicos; y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la policía”.
Finalmente, Sosa Hernández declaró que los ciudadanos tendrán que aceptar los fallos que se den en los tribunales, sean a su favor o en contra.
