El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado con la finalidad de que de darse el caso de que los recursos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley, que el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.
Mientras que la administración estatal será responsable subsidiaria del cumplimiento de esta obligación.
En la exposición de motivos, el titular del Poder Ejecutivo, señala que el esquema que se propone reformar dispone que en caso de que el IPE no tenga la capacidad económica para cumplir con las obligaciones a su cargo, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno correspondiere, previo acuerdo celebrado entre los mencionados patrones con dicho Instituto.
Que en virtud de lo anterior, y con el propósito de salvaguardar y fortalecer los derechos que tienen reconocidos los pensionistas en la Ley, la presente reforma propone eliminar la condicionante que obliga la existencia un acuerdo entre el patrón y el IPE, para que el primero se sustituya en las obligaciones del segundo, cuando los recursos de éste último resulten insuficientes. De esta manera, se refrendan las garantías del pensionado.
Para la elaboración de la iniciativa de reforma se tomaron en cuenta los casos de cinco pensionistas versus Perú y el de Acevedo Buendía versus Perú resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003 y 2009, respectivamente.
Así como la interpretación que realizó dicho Tribunal Internacional al analizar el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde establece que la suspensión de las pensiones es violatoria de un derecho adquirido y que la falta de pago de las mismas puede generar un daño inmaterial a las víctimas.
También indicó que según el Censo de Población y Vivienda 2010, 25.6 por ciento de la población en el Estado eran jóvenes entre los 15 y 29 años de edad.
Esto significa que la mayoría de los veracruzanos tiene actualmente entre 18 y 65 años de edad; es decir, es una población considerada como económicamente activa.
Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 establece que la evolución de las finanzas públicas estatales se ve afectada, entre otros, por los pasivos laborales contingentes, pues las aportaciones de los trabajadores activos resultan insuficientes para cubrir el valor esperado de las pensiones de los trabajadores retirados.
En el caso del IPE, el pago de prestaciones aumentó más de 120 por ciento en la última década y se anticipa un crecimiento más acelerado en los años siguientes. Que la figura de la pensión debe ser cada día vigilada y velada con mayor rigor para que no existan acciones que atenten contra el correcto y necesario pago de pensiones a los derechohabientes a cargo del Instituto de Pensiones del Estado.
Que es menester de todos los veracruzanos ser parte del correcto uso de los recursos públicos utilizados en el pago de pensiones en el Estado para que, en este tenor, todos los derechohabientes que cumplan con lo establecido en la Ley de la materia, disfruten de su derecho a percibir una pensión.
