Con el propósito de prevenir los delitos electorales en el proceso electoral 2015-2016, el Órgano Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral Veracruzano (TEV) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) firmaron un convenio de colaboración la tarde de este lunes.
Al describir el acuerdo interinstitucional, el consejero presidente del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla, manifestó que se deben acatar las reglas primarias para que la democracia se consolide, de tal manera que la instancia ministerial federal, trabajará como hasta ahora, «para garantizar la contundencia propia”, de los comicios del próximo 5 de junio.
«En Veracruz se reconoce la labor de la fiscalía, así como saber, entender y adecuarse a las herramientas que ahora tiene, como son los ministerios especializados en materia electoral para atender las denuncias que se enmarquen en el nuevo sistema de justicia penal», expresó Bonilla Bonilla.
Entre tanto, el magistrado presidente del TEV, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada, a fin de blindar las elecciones con acciones a corto y mediano plazo. «El cambio que quieren demostrar se verá reflejado en la vida democrática del estado”, precisó.
«El TEV m se compromete con la firma de este convenio y desde el ámbito de su competencia a promover y fortalecer la cultura de la legalidad en estas elecciones. Sé que si trabajamos coordinadamente podremos lograr nuestros objetivos», abundó el titular del Órgano Jurisdiccional Local Electoral (OJLE) veracruzano.
Santiago Nieto, titular de la Fepade, indicó en su intervención, que es el momento de establecer y ejercer acciones para prevenir los delitos electorales, ya que así habrá mejores resultados a los ciudadanos.
En el evento celebrado en un importante hotel de la ciudad, también estuvo encabezado por el consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional (INE), Antonio Ignacio Manjarrez Valle; consejeros del OPLE y magistrados del TEV.
De igual manera se dieron cita delegados de las dependencias federales y estatales, cuyos programas sociales pudieran ser mal utilizados para condicionar o coaccionar el voto.
