La limitación o control del ejercicio del poder, desde tiempos remotos, ha representado un gran reto para cualquier sociedad, pues por desgracia quienes detentan el poder a menudo caen en la tentación no sólo de abusar de él sino también de violentar los derechos fundamentales de los gobernados, afirmó Francisco Garrido Sánchez.
El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, expuso que ante cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco legal se deben implementar las acciones de fincamiento de responsabilidades y con ello la aplicación de las diversas sanciones a que haya lugar.
Por ello, la necesidad que el marco normativo que regule el actuar del servidor público sea sólido, claro, y eficaz.
“De tal suerte que los órganos encargados de auditar y vigilar el actuar de aquel, cuente con la herramienta más contundente para hacerlo: que es la Ley”, expuso.
La complejidad de la vida moderna exige implementar mecanismos jurídicos e institucionales direccionados a acotar la brecha de la discrecionalidad y propiciar las condiciones que sean necesarias para abonar a la transparencia y la rendición de cuentas de todo servidor público.
“Como legisladores atentos al devenir de los procesos de fiscalización, observamos que uno de los mecanismos más eficaces para fortalecer estos principios es el intercambio de experiencias y conocimientos por quienes tienen a su cargo la función de coadyuvar en contra de la opacidad y la corrupción», mencionó.
En ese sentido, expuso que el Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (Sefiver), como instrumento de coordinación efectiva de los entes responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la administración pública estatal, debe ser aprovechado para elevar la transparencia y la rendición de cuenta en la entidad.
En términos generales, los servidores públicos como personas al servicio del estado juegan un papel de gran importancia en la actividad estatal, pues son ellos quienes a través de las facultades conferidas en la propia Ley cuentan con la potestad de llevar a cabo la voluntad de la nación.
“Así las cosas, quienes tenemos el alto honor de estar al servicio del pueblo, tenemos la obligación primordial de realizar las funciones encomendadas con total apego a la Ley, y siempre buscando un beneficio para la colectividad”, finalizó Garrido Sánchez.
