Para evitar desvíos de recursos de los programas federales con fines electorales a favor de algún partido político, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR) vigilarán de cerca los movimientos de los funcionarios públicos de las dependencias federales.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social federal, se busca evitar que los programas sociales sean utilizados para fines electorales y estos sean manejados correctamente, informó la delegada federal de Sedesol, Anilú Ingram Vallines, quien dijo que para ello, el próximo 8 de marzo, en Veracruz se instalará el Comité Preventivo de Blindaje Electoral.
“El próximo 8 de marzo, en Xalapa se llevará de manera minuciosa el proceso, con miras a las elecciones y al igual como se firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República se instalará en Veracruz ese Comité de Blindaje Electoral y capacitaremos a los funcionarios y beneficiarios sobre sus derechos sociales y derechos políticos”.
Comentó que ese programa de blindaje ya ha funcionado en otros procesos electorales con anterioridad y ha funcionado de manera puntual.
Subrayó que en cada proceso, se estará vigilando el actuar de los funcionarios a quienes se les ha dicho que habrá cero tolerancia y mano dura apegada a la Ley a quien se sorprenda haciendo mal uso de los recursos públicos federales con sesgo político.
Indicó que a pesar de que se aplique el blindaje por la veda electoral, los apoyos continuarán porque son padrones transparentes y se tienen control en cada uno de ellos.
Los programas de Seguro de Vida para Jefas de Familia, el de 65 y más, Prospera, así como los beneficios de Diconsa y Liconsa continuarán.
Dijo que únicamente se suspenderán los programas: 3 x 1 para migrantes, empleo temporal, entre otros, debido a que su padrón no es transparente y puntual, por lo que después de la veda electoral se reactivaran.
Anilú Ingram precisó que para la instalación del Comité Preventivo de Blindaje Electoral se contará con el respaldo de los beneficiarios de los programas, personal de Control Interno y de la sociedad civil.
