Para el investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Mendoza Rojas, es necesario que se establezcan nuevas regulaciones de orden jurídico para que el gobierno esté obligado a cumplir sus compromisos con la educación pública.
Al opinar sobre el problema de liquidez que enfrenta la Universidad Veracruzana (UV), por el adeudo de 2 mil 76 millones de pesos que mantiene el ejecutivo estatal con ésta desde el 2013, sostuvo que es urgente promover y aprobar este nuevo marco regulatorio.
«Es una situación preocupante. Creemos que es un caso paradigmático que deja ver precisamente uno de los principales problemas que aquejan al presupuesto de las universidades y este es la corresponsabilidad del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal en el sostenimiento de las universidades, que de acuerdo al marco legal vigente tienen que cumplir», expuso el académico.
Al participar en la mesa redonda «El financiamiento de la educación superior en México: un problema social», llevada a cabo en la sede del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales (IIHS), resaltó que la iniciativa del gobernador, Javier Duarte de Ochoa, de dotar de autonomía financiera a la UV, podría hacer que ésta reciba más recursos de los que hasta ahora recibía.
«Esta propuesta representaría algunos recursos de más de los que históricamente ha tenido la institución, una normatividad innovadora en el caso de las universidades públicas estatales», refirió Mendoza Rojas.
El investigador de la UNAM, explicó que sería conveniente que se le asigne un presupuesto conforme el gasto público o el producto interno bruto (PIB), pues esto le daría mayor seguridad a la educación pública superior.
«Siempre es deseable contar con más recursos pero esta el aspecto de las finanzas públicas, sobre cuales son las posibilidades reales de proporcionar tales porcentajes», añadió en su disertación al agregar que estuvo en este evento para analizar cuáles son los puntos problemáticos para la asignación del subsidio, tanto a nivel federal como a nivel estatal.
