Los crímenes de odio que se perpetran en contra de los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual en el país no se tienen contabilizados por las autoridades competentes y en su mayoría se catalogan como crímenes pasionales o sólo como homicidio.
Adolfo Voorduin Frappé, coordinador general del Circuito de la Diversidad Sexual, organización que se compone de 800 agrupaciones pro gay de todo el país y Activistas y defensores de los derechos humanos, dijo que del total de crímenes de odio que pudieran existir en el país, sólo se conocen poco más de 800 que han sido denunciados formalmente.
El estado de Veracruz ocupa los primeros lugares en crímenes por homofobia, transfobia y lesbofobia sin que el delito se persiga como un caso de discriminación u odio hacia la comunidad gay.
En ese sentido, el abogado consideró que es nectario la creación de un protocolo que diga cómo tratar y sobre todo contabilizar los casos de crímenes de odio.
“A través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estamos cabildeando, junto con la PGR, la creación de este protocolo simultáneamente en todas más procuradurías y fiscalías del país porque necesitamos empezar a tener números fidedignos de todos estos asesinatos y homicidios”, dijo.
Expuso que al igual que sucede con el feminicidio, también es urgente emitir una alerta por los casos de asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad gay.
Recordó que hace dos años, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se logró crear el protocolo para juzgar con perspectiva de género donde establecen los pasos que tienen que seguir los jueces y los magistrados para emitir una sentencia en un caso donde esté involucrado un miembro de la comunidad LGBT.
“Son criterios que se tienen que analizar durante el proceso para ver si hay discriminación que pueda afectar la sentencia. Este sí es válido en todos el país. Lo pueden bajar desde la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
Finalmente expuso que se requiere que cada gobierno estatal cree un organismo encargado de promover la creación un instituto contra la discriminación que cuente con presupuesto propio.
Dijo que no es suficiente la existencia de la CONAPRED, es necesario que cada entidad trabaje en su propia dependencia para promover la igualdad y evitar la discriminación en todos los sectores de la sociedad.
