Integrantes de la Unión de Productores y Centros de Transferencia Pico de Orizaba, se plantaron frente a las oficinas de la Delegación de Política Regional para exigir se reactive el Vivero «La Joya» de la comunidad de El Berro, municipio de Mariano Escobedo.
Encabezados por Horacio Brenis Ávila, los campesinos demandaron el pago que registra la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) desde hace dos años a quienes trabajaron en la producción de semilla para pinos que se deben plantar en las zonas boscosas del Pico de Orizaba.
Dieron a conocer que les deben 680 mil pesos en salarios caídos y se requieren seis millones de pesos para reactivarlo y generar hasta 1,500 empleos y 12 millones de plantas.
Lamentaron que desde hace 12 años en que se creó este vivero en tiempos de Fidel Herrera Beltrán sólo funcionó unos años y de ahí en fuera toda la reforestación se vino abajo, y generó desesperanza.
Asimismo, comentó que esa planta de La Joya es necesaria para las zonas de Mariano Escobedo, Maltrata, Mendoza, Nogales, Río Blanco, Coscomatepec, La Perla y Atzitzintla en el estado de Puebla, debido a la que se produce en Matzinga no sirve para ser sembrada en la zona boscosa del Pico de Orizaba.
Informó que con el cierre del vivero se ven afectados 500 empleos, pues en este sitio trabajaban amas de casa quienes se ayudaban de este sustento. A falta de esta fuente de empleo se ha potenciado la inmigración, la drogadicción, la pobreza extrema y el descuido a las altas montañas que requieren millones de plantas anuales que no se proveen ni con viveros privados.
Por otra, los agentes municipales de Chicahuaxtla, El Nicho, La Rosa, El Encinar de Nogales, así como de El Xúchitl del municipio de Maltrata, demandaron a los delegados de Tránsito de Nogales, Río Blanco, Orizaba y Mariano Escobedo se les apoye cuando se venga a esta ciudad a la compra y venta de productos.
Acusaron que han sido amenazados por los uniformados y para no multarlos por no portar licencia de conducir o la documentación de las unidades, les piden entre los 200 a 500 pesos y de no pagar, los amenazan con quitarles sus camionetas y meterlos a la cárcel.
Ante esto, los delegados viales expusieron que se resolverá el problema y darán las facilidades para el tránsito a la hora de abastecerse de los productos de la canasta básica.
