Son diez los recursos jurídicos que han interpuesto hasta ahora, la Universidad Veracruzana (UV) y algunos estudiantes y académicos, en contra de la disminución del 7 por ciento de los recursos que debe recibir esta institución, reveló su abogado General, Alberto Islas Reyes.
En ese sentido, expuso que la decena de amparos están en trámite ante la autoridad correspondiente y se espera que los mismos procedan y se dé la razón a la máxima casa de estudios superiores en el estado, quien cataloga como inconstitucional la reducción de su presupuesto.
Islas Reyes acotó que actualmente el área jurídica a su cargo, prepara el histórico de la no entrega de recursos por parte del Gobierno del estado, mismo que entregarán tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE), como a la Procuraduría General de la República (PGR).
En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en compañía de la rectora, Sara Ladrón de Guevara, y otras autoridades universitarias, puntualizó que esta información la tendría completa a más tardar el próximo lunes, pues están actualmente en la compilación, clasificación y sistematización de la información que consignarán ante las instancias ministeriales.
Sobre el avance de las dos denuncias que presentaron en el mes de febrero ante la FGE y el Ministerio Público Federal (MPF), explicó que como se trata de delitos patrimoniales respecto al manejo y administración de recursos, necesita el apoyo de documentación que solvente las afirmaciones.
«Con el apoyo del área de finanzas y la Contraloría nos están preparando todas las carpetas que le vamos a entregar al fiscal, para que un experto, un perito de servicios periciales, haga un cotejo frente a la afirmación con la información que le presentamos», expresó.
Cabe recordar que el pasado 2 de febrero se presentó la denuncia ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la FGE, por la falta de la entrega de mil 625 millones de pesos del subsidio ordinario estatal.
La otra querella, se formuló ante el MPF por la falta de entrega de 451 mdp correspondiente al subsidio ordinario federal y se registró bajo el expediente AP/PGR/XAL-IV/012/2016/PP.
«No hemos encontrado ninguna resistencia por parte de ninguna de las dos procuradurías, por el contrario toda la disposición. Yo no dejo de tener comunicación, con el fiscal especial de Delitos cometidos por Servidores Públicos y con el Ministerio Público Federal», destacó.
Finalmente dijo que tienen la conveniencia y el compromiso de entregarles la información para que el perito que designen haga el cotejo correspondiente. «Hay toda la disposición», refrendó.
