Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Javier Hernández Hernández, descartaron solicitar una ampliación presupuestal al Congreso del Estado, por lo que aseguraron que con los 83.3 millones de pesos aprobados para el presente ejercicio fiscal prevén cerrar el año.
Al participar en el Programa Polaca a la Veracruzana que se transmitió la noche de este martes y al hablar sobre el tema económico y la suficiencia financiera del órgano jurisdiccional, señalaron que como cuentan con el edificio, el mobiliario, el equipo de cómputo y todo lo necesario para operar no se requiere de una partida adicional a la ya aprobada.
Al conversar con los periodista Manuel Rosete, Raymundo Jiménez y José Ortiz, el magistrado Hernández Hernández reconoció el trabajo de gestión que hizo el magistrado presidente ante la Legislatura veracruzana, lo que logró elevar de 50 millones de pesos que originalmente había fijado la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al TEV para 2016, a los 83.3 millones de pesos que finalmente se le aprobó.
Por su parte, y al tener derecho de palabra en el espacio televisivo que se transmitió por Formato7.com, Versiones.com.mx y otros portales web del estado, el magistrado Sigala Aguilar se mostró confiado en que el próximo año las cosas van a cambiar, acotando que defenderán su propio presupuesto, explicando el por qué se requiere el monto que en su momento deberán presentar para el ejercicio fiscal próximo.
De igual forma, recordó que desde que se anunció la conformación de un nuevo Tribunal Electoral de Veracruz, los integrantes del anterior órgano jurisdiccional, adscrito al Poder Judicial del Estado (PJE), programaron un presupuesto de incluía la renta o compra de otro inmueble y de mobiliario y material de oficina, pero la Sefiplan, tomando en cuenta que existía un espacio con todo lo necesario, decidió reestructurar la propuesta para el ejercicio fiscal 2016, considerando únicamente nómina y gasto corriente.
Sin embargo, añadió, uno de los transitorios del Código Electoral del Estado de Veracruz establecía que al instalarse el nuevo TEV, todos los recursos muebles, inmuebles, personal y financieros del anterior seguirían perteneciendo al PJE, con lo cual llegaron a asumir sus funciones sin nada.
Destacó la intervención de Hernández Hernández para entablar una plática con el magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado, quien decidió entregarles el edificio de la calle Cempoala, en calidad de préstamo por el mes de diciembre de 2015, en tanto el Congreso del Estado aprobaba el presupuesto para este año.
Al ser aprobado por la Legislatura local, éste no incluía una partida ni para renta ni para compra de un inmueble, por lo que acordaron con Sosa Hernández la renta del inmueble por una cantidad “simbólica” de un millón de pesos más IVA (mil 160 millones de pesos) al año, incluyendo la red de Internet, de voz, el conmutador y todo el mobiliario y equipo de cómputo.
Sigala Aguilar, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV) y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana Golfo Centro, añadió que la Sefiplan ha ido entregando las ministraciones para pagar los servicios básicos, de seguridad y los salarios y prestaciones del personal, donde “vamos puntual, en tiempo y forma, (los trabajadores) nos han estado apoyando”.
En ese sentido, el también catedrático de la Maestría en Derecho Electoral en la Universidad de Xalapa (UX), reseñó que se hizo una restructuración de toda la plantilla, reduciendo el número de trabajadores, lo cual les ha permitido ir al corriente en los pagos y no tener adeudos con ningún proveedor de bienes y servicios.
Reconoció que se han visto favorecidos con el apoyo de “amigos”, incluyendo al gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien les prestó algunas computadoras que les hacían falta, reiterando que han sido austeros en la media de lo posible.
Elecciones del 5 de junio, «competidas» y «con muchos retos»
En la entrevista, los togados vislumbraron las elecciones del próximo 5 de junio como las “más competidas” y con “muchos retos”, por lo continuarán desarrollando su trabajo con apego a la legalidad, ahora más que fueron ratificados como integrantes del órgano jurisdiccional local por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al hablar sobre el fallo del máximo tribunal electoral del país respecto de sus nombramientos por parte del Senado de la República, ambos coincidieron que tienen sobre sus hombros una “gran responsabilidad” de cara a la jornada del 5 de junio, en la que se escogerá al próximo gobernador y los 50 diputados al Congreso veracruzano.
“Más que contento, me sentí un tanto preocupado, porque si ellos lo están considerando así, que soy una persona idónea, entonces tengo una responsabilidad grandísima y decir que tengo que hacer las cosas mejor, no sólo por mí sino por toda esta gente que está creyendo en mí”, ahondó.
En la plática, recordó que los nombramientos fueron impugnados por una mujer (María Guadalupe Téllez Pérez), inconforme porque en la propuesta de la Cámara Alta para integrar el OJLE veracruzano no se consideró a una fémina y, por tanto, no se estaba respetando la paridad de género. No obstante, el TEPJF resolvió que la Ley no prevía tal circunstancia, por lo que el Senado no estaba obligado a respetar la cuota de género.
El magistrado Javier Hernández manifestó que la alta responsabilidad jurisdiccional que el Senado les concedió deberá verse reflejada en sus sentencias.
“El reto es tremendo, ahora nos toca demostrar en los tres procesos que vienen, porque el Senado no se equivocó… que nuestras sentencias tengan la capacidad de darle una certeza a una de las elecciones más competidas con muchos retos por delante”, precisó.
La actividad jurisdiccional no ha parado
Desde el 10 de diciembre, cuando asumieron el encargo, se han presentado 79 recursos ante el nuevo TEV, de los cuales destacan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), de allí que la actividad jurisdiccional, desde sus puntos de vista, no ha parado.
En detalle, Javier Hernández precisó que 17 impugnaciones han tenido que ver con las candidaturas independientes, 29 con recursos de apelación (RAP) que han interpuesto los partidos políticos en contra de los actos o decisiones que ha tomado el OPLE y cinco más con procedimientos especiales sancionatorios (PES) que buscaban determinar violaciones al Código Electoral.
A nivel nacional, contabilizó, se han resuelto cerca de 200 juicios relacionados con las candidaturas independientes, esto porque es una figura novedosa de la que no se ha entendido todavía su funcionamiento, derivando en cuestionamientos como el hecho de que dos o tres por ciento que se exige para lograr el registro independiente es constitucional o no.
Al respecto, el presidente del TEV agregó, citando las palabras de su homólogo del TEPJF, que los JDC se han convertido en los nuevos amparos en materia comicial, pues los ciudadanos ven en estos recursos una manera de salvaguardar sus derechos a participar en un proceso eleccionario.
“Los tribunales están siendo más progresistas en sus derechos y creo que eso es importante, vamos avanzando y es importante decirlo; Veracruz siempre va a la vanguardia en materia de leyes, en materia de derecho Penal; Veracruz siempre iba a la cabeza a nivel nacional”, resaltó.
El igualmente doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), en coordinación con la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y especialista en Derecho Comparado por la Fondation Pour le Droit Continental y la Universidad de París 1 Panthéon La Sorbonne, comentó que en temas novedosos han tenido que revisar los asuntos con detenimiento y siempre buscando que los que están más apegado a la Ley y que beneficie a las partes en conflicto.
Nuevas atribuciones y obligaciones
Roberto Eduardo Sigala expuso que la reforma político electoral no sólo ahora los obliga a resolver los Procedimientos Especiales Sancionatorios (PES); también, al pasar a ser un órgano autónomo, se convirtió en un sujeto obligado ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
Su homólogo, Javier Hernández, también licenciado en Derecho por la UV y maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Xalapa (UX), ahondó que con los cambios a la Carta Magna federal los tribunales electorales estatales ya no forman parte de los Poderes Judiciales de cada entidad, como anteriormente ocurría.
“Pero con esta reforma de 2014, por disposición constitucional, ya no forma parte del PJE y la Constitución de Veracruz le da el carácter de un órgano autónomo, es decir, estamos al nivel del Organismo Público Local Electoral (OPLE) o de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)”, explicó.
En la plática, el máster en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología por la Universidad de Girona, Cataluña-España, adicionó que ello los obliga a hacerse responsables del uso de los recursos públicos que reciben, del pago de sueldos y prestaciones a los trabajadores y del control interno del mismo, esto “con menor presupuesto”.
De 90 a 70 trabajadores
Al abundar sobre el número de empleados que laboran en el órgano jurisdiccional local electoral veracruzano, precisó que pasaron de 90 a 70 con la reestructuración realizada, aun cuando tuvieron que crear la Dirección Jurídica, la Unidad de Transparencia, la Contraloría General, áreas a las que tuvieron que reducirle el personal por cuestiones de sueldos.
“Tuvimos que reducirla bastante, por cuestiones de suelo, no podíamos seguir pagando lo que se pagaba antes, porque anteriormente el Tribunal contaba con más direcciones de área, ustedes saben que en escalafón de gobierno, las direcciones tienen un tope nominal más alto, entonces hubo algunas direcciones que tuvimos que bajarlas a jefaturas”, puntualizó.
El titular del TEV aseveró que esto se hizo pensando en que se tendrá que contratar personal eventual para la temporada de mayor trabajo jurisdiccional, precisando que sólo contratarán a 18, cuando anteriormente contrataban entre 40 y 50.
Seguridad social estará en manos del ISSSTE
Tras un análisis de los pros y contras y de los beneficios que ofrecía una institución frente a la otra, el titular del Tribunal Electoral veracruzano reveló que los trabajadores a su cargo cotizarán al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por contener mejores prestaciones.
Roberto Eduardo comentó que aun cuando pidieron información al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), éste no se las envió, únicamente el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), optando por el primero por cobrarles la mitad que el segundo.
Si bien dicho organismo de seguridad social estaba renuente a firmar el contrato por los problemas económicos que ha enfrentado, el entrevistado añadió que se logró llegar a un acuerdo y se tiene la suficiencia financiera para responder a sus obligaciones patronales.
Entre tanto, su colega Hernández Hernández, quien cursó el doctorado en Derecho Público en la UV y actualmente es catedrático de la UX, estimó que el IPE no era viable para la afiliación de los empleados del Tribunal por la problemática que actualmente enfrenta, además de que éste, a su vez, tiene un convenio con el IMSS para la atención médica de sus asegurados.
