Festejan ministros derechos humanos con monedas de oro

Para celebrar la llegada de la época de los derechos humanos al sistema judicial mexicano, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se autorregalaron el año pasado 11 monedas conmemorativas de oro y 50 de plata, cuyo costo fue de un millón 112 mil 405 pesos, con IVA.

Dichas monedas se mandaron acuñar a la Casa de Moneda de México, luego de un acuerdo entre el Comité de Gobierno y la administración del máximo tribunal del país, integrada, en ese entonces, por los ministros Juan Silva Meza, Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar.

Se autoriza la acuñación de 11 monedas en oro y 50 monedas en plata, con las características técnicas propuestas y un costo estimado total de $972,975.00, sin incluir el impuesto al valor agregado, para conmemorar la Décima Época de este Alto Tribunal”, señala el acuerdo signado el 4 de marzo de 2014.

En esa misma sesión, también se dio el visto bueno “al diseño y los nombres propuestos por la Secretaría de la Presidencia para la moneda conmemorativa de la Décima Época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Dos meses después, finalmente se llevó a cabo el contrato (cuyo número de registro es 4514001511) con la Casa de Moneda de México para la realización del servicio de acuñación de las monedas solicitadas por los ministros del máximo tribunal de justicia de la nación.

Así, la realización de las monedas conmemorativas se llevó a cabo casi tres años después de que en el Poder Judicial diera inicio a la Décima Época, lo cual sucedió el 4 de octubre de 2011 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia del caso Radilla, la cual es considerada un parteaguas para la aplicación de los derechos humanos en la impartición de justicia.

Un año antes, en agosto de 2013, la Corte pidió los servicios de la Casa de Moneda para la acuñación de una moneda que se destinó al Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial (IIJPDEJ), la cual tuvo un costo de tres mil 909 pesos.

En septiembre de 2012 también se acuñaron monedas, sin especificar el motivo ni la cantidad o materiales de la misma, por un precio de 165 mil 787.20 pesos.

En su último informe como presidente del máximo tribunal del país, el ahora ministro en retiro, Juan Silva Meza, destacó las medidas de austeridad tomadas en el año que se ordenó la acuñación de las 11 medallas de oro y las 50 de plata.

De acuerdo con el documento, al 14 de noviembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reportó ahorros por un monto de casi 87 millones de pesos en los rubros de viajes, viáticos, papel y obras impresas.

Para Juan Silva Meza la llegada de la Décima Época al Poder Judicial de la Federación significó que todos los jueces mexicanos deberán hacer valer los derechos humanos de todas las personas en el ámbito de sus respectivas competencias.

La creación de esta Décima Época es por ello más que un acto administrativo, simboliza el inicio de un cambio en la perspectiva de impartir justicia, cuyo resultado, quizá hoy, no podríamos medir en su correcta dimensión”.

En entrevista con Excélsior, el ahora ministro en retiro consideró que la llegada de la Décima Época fue afortunada para el sistema constitucional mexicano y además fue un parteaguas para la administración de justicia en nuestro país.

Cuando se empezó a manejar así en el discurso, que era un cambio total de paradigma, parecía que era una expresión retórica, pero definitivamente no lo era. La Constitución es reformada, entran las nuevas formas de entender la protección de los derechos, el reconocimiento de los derechos de las personas, la posibilidad de dialogar con las normas internacionales y una nueva perspectiva de interpretar y aplicar las leyes, explicó.

Según Silva Meza, uno de los aspectos más importantes de la reforma a la Carta Magna que abrió la Décima Época es que se coloca a todas las autoridades en el centro vital del respeto a los derechos de las personas situación que, reconoció, actualmente está en tránsito, por lo que es imperativo revisar y retocar decisiones judiciales.

FUENTE: EXCÉLSIOR