En la elección del próximo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no hay favorito, ni línea, aseguró la aspirante y aún secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), Namiko Matzumoto Benítez.
Al participar en el programa de Polaca a la Veracruzana transmitido la noche de esta martes, negó que sea la predilecta del gobernador Javier Duarte de Ochoa para ocupar dicho puesto, como algunos columnistas, actores sociales y políticos han asegurado, afirmando en cambio que “los tres (sustentantes) participamos en igualdad de condiciones”.
Entre risas y al conversar con los periodistas Manuel Rosete, Raymundo Jiménez y José Ortiz, mencionó que “la convocatoria fue abierta, exigían una serie de requisitos, que los que estamos en la contienda cumplimos, entonces realmente de ese tema no se puede desprender absolutamente nada, lo único que se puede desprender es que los tres participamos, los tres cumplimos los requisitos formales”.
Comentó que se sintió muy satisfecha del dominio del tema de derechos humanos que tuvieron los diputados locales que la interpelaron en la comparecencia el pasado 7 de enero, esto como parte del proceso, y apuntó que si hay alguna diferencia sustancial, serán los legisladores los que determinen cuál de ellos es el más idóneo y apto para presidir dicho órgano autónomo.
Respecto del hecho de que sea familiar del diputado federal Erick Lagos Hernández, reiteró que no le quita mérito o le da ventaja, pues, a su juicio, siempre ha actuado de manera institucional y con ética, demostrando la experiencia y formación que tiene en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
“Eso no tiene nada qué ver con si estás dentro de una institución, ser institucional y realizar tu trabajo con profesionalismo y con ética, ésas son otras cosas”, enfatizó en el espacio televisivo transmitido por Formato7.com, Versiones.com.mx y otros portales web del estado.
La ex secretaria proyectista y jefa de la Unidad de Difusión y Comunicación de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, aseveró que le hubiese gustado que las entrevistas fueran abiertas, porque permite conocer lo que piensan los aspirantes y eliminar las suspicacias que se presentan con regularidad.
Necesario, un diagnóstico sobre los DH en Veracruz
En ese sentido consideró que para que la CEDH tenga un rumbo claro y objetivos precisos, es necesario primeramente hacer un diagnóstico de la situación que guardan los Derechos Humanos en la entidad veracruzana.
“El trabajo de una institución debe partir de la evidencia, no de la ocurrencia. Esto hace que un organismo como éste realice un trabajo y brinde un servicio profesional”, expuso en sus palabras, al reiterar que no existe tal diagnóstico completo para nuestro estado.
Acotó que se debe escuchar a la sociedad civil, porque es la que vive el día a día y enfrenta los obstáculos en el ejercicio de los derechos humanos, “porque ahí están los insumos para generar las políticas públicas correctas (…). Eso permite eficientar recursos materiales, financieros y humanos”.
De igual manera, señaló que en un primer momento se debe determinar dónde están las fallas, para poder impulsar las acciones adecuadas, con indicadores claros para medir la efectividad de las mismas.
Ha faltado ejercer todas las facultades que tiene la CEDH
Sobre la independencia de la CEDH frente a la administración estatal, algo que duramente se le ha cuestionado al titular saliente, Luis Fernando Perera Escamilla, puntualizó que lo que faltó en los últimos cinco años, “es justamente ejercer todas las facultades legales y constitucionales que tiene”.
Al ahondar en el punto, dijo que si bien las recomendaciones que emite este órgano autónomo no son vinculantes, la ley que la rige establece la posibilidad de incorporar un juicio de protección de derechos humanos, lo que daría como resultado una resolución de una autoridad jurisdiccional que sí es vinculante.
Adicionó que se requiere elaborar informes generales y temáticos porque esto permite visibilizar la problemática y generar articulación con la autoridad para atacar de frente estas fallas.
La maestra en Psicología Jurídica y Criminología y doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, refirió que se requiere hacer una armonización legislativa, pues en los últimos cinco años no se hicieron.
“Me parece que en la medida en que el órgano ejercite todas las funciones legales y constitucionales, en esa medida irá consiguiendo una mayor autonomía y credibilidad por parte de la ciudadanía (…) porque hay una percepción generalizada de que las instituciones no sirven”, precisó.
La experta en el tema destacó que la ciudadanía debe conocer sus derechos y las instancias que la defienden ante una violación.
Se requiere una reingeniería institucional
Para la investigadora de tiempo completo adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la UV, se requiere hacer una reingeniería institucional que permita revisar lo relacionado a las recomendaciones, ya que, aseguró, muchos procedimientos tienen retrasos de hasta un año.
“Desde mi perspectiva hace falta agilizar los procedimientos al interior de la comisión, porque como dicen: justicia retardada, justicia denegada. Es revictimizar a la persona que acude porque se le han violado sus derechos”, enumeró en la plática, al refrendar que se debe profesionalizar a su personal y segmentarlo por áreas para que obtenga mayor experiencia.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene visitadurías por temas y direcciones por temas, lo que hace que si un tema se trata de mujeres, lo va a conocer el área de mujeres, si se trata de migrantes, lo ve el área de migrantes. Pero aquí en la comisión estatal, los expedientes se conocen por turno, lo que no abona a la especialización del personal”, argumentó.
Por cuanto hace al hecho de que la CNDH haya atraído el caso de la agresión a jubilados y pensionados el pasado 23 de diciembre por parte de policías estatales que los desalojaron del centro de Xalapa, a raíz de su manifestación por la falta del pago del aguinaldo, Namiko Matzumoto expresó que si la CEDH ejerce todas facultades se logra fortalecer y, por tanto, no habrá necesidad de que ocurra tal situación.
Década y media trabajando con los Derechos Humanos
En la conversación reveló que su inquietud por la defensa de los derechos humanos surgió luego de un concurso en el participó junto con una compañera en Washington, Estados Unidos, donde lograron el quinto lugar entre 30 grupos que defendía en un caso hipotético, por un lado, a las víctimas de una violación de derechos humanos por parte del Estado y por el otro, los intereses de este último.
Al regresar a México, planteó a los académicos de la UV sobre la necesidad de incluir este tema en la Facultad de Derecho, creándose en primera instancia los seminarios del Sistema Interamericano y el Derecho Internacional Humanitario, y posteriormente un programa al interior de la institución que fue avalado por el Consejo Universitario en el rectorado de Rafael Arias.
Después decidieron crear un órgano de difusión llamado Propersona, en el que docentes, investigadores y alumnos de varias universidades mexicanas y de otros países latinoamericanos publican sus artículos, sirviendo de base para crear la Red de Escuelas y Facultades de Derecho, a favor de una Cultura de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
“Son ya casi 16 años trabajando de manera permanente y continúa el tema de los derechos humanos”, resaltó Matzumoto Benítez.
En la Ceapp, “vamos paso a paso”
Después de reconocer las circunstancias en las que surgió la Ceapp y los cuestionamientos que ha recibido por su participación en la misma, han provocado que su razón de ser vaya cuesta arriba en tratar de generar confianza en el gremio periodístico; aseguró que “poco a poco y con trabajo se ha logrado”.
Aclaró que la obligación legal y constitucional que tiene la comisión, es la otorgar medidas de protección cuando la vida e integridad del comunicador social corra riesgo con motivo del ejercicio de la libertad de expresión.
La diplomada en Estudios Avanzados en DIDH y DIH por la Academia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, American University, Washington
College of Law; describió que es por ello que tiene un diseño reactivo, mismo que ha pasado al ámbito preventivo también.
Con ello se logró incorporar a casi 50 periodistas de todas las regiones del estado, la mayoría de la fuente policiaca, a los que se les dotó de herramientas que les permiten que en caso de recibir una amenaza, ésta no se materialice, obteniéndose una efectividad del cien por ciento hasta este momento.
“Generamos una especie de alerta Amber para periodistas, que es el Sistema de Alerta Temprana y Reacción Inmediata, que ningún mecanismo tiene, somos el único que cuenta con ello, con obligaciones específicas para cada una de las autoridades involucradas”, estableció.
Reseñó que tal vez les ha hecho falta comunicar los logros obtenidos, sin embargo recordó que la ley estipula la confidencialidad de los procedimientos, de tal manera que no se pueden revelar nombres de los comunicadores atendidos, sino dar estadísticas. “Tenemos 46 expedientes de medidas de protección, pero no podemos decir quiénes”.
Luego de mencionar que cuando la Ceapp comenzó a funcionar, la mayoría de las agresiones venían de servidores públicos, particularmente municipales y elementos policiacos, por lo que se dirigió una capacitación hacia ellos, llevando hasta ahora más de 4 mil 600 funcionarios capacitados.
Agregó que a 52 servidores públicos se les han impuesto procedimientos administrativos sancionatorios.
“Toda institución es perfectible, entonces bienvenidas las críticas que ayuden a fortalecer un organismo, que es el único que tiene el gremio periodístico para acudir cuando se encuentren en una de las circunstancias previstas en las normas que habiliten su intervención”, reafirmó.
