El pleno legislativo turnó a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, la iniciativa de reforma al Segundo Párrafo de la Fracción I del artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz, que el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió para otorgar a la Fiscalía General del Estado autonomía presupuestal.
Propone que para el estricto cumplimiento de las funciones de la FGE, deberá contar con una autonomía presupuestaria que podrá ser mayor pero no menor al uno punto cinco por ciento del total del presupuesto general del estado previsto para el ejercicio anual respectivo y que deberá ministrase conforme al calendario autorizado.
En la exposición de motivos, el titular del Poder Ejecutivo, señala que el establecimiento de un porcentaje del presupuesto del gasto estatal, que garantice la suficiencia presupuestaria, en favor de la FGE, se traducirá en una mejor eficacia presupuestal que le permita una planeación estratégica de su gasto corriente, y una inversión razonada en la infraestructura que resulte por demás necesaria para dar frente a las situaciones exigidas por lo veracruzano.
El uso de presupuestos razonables en las instituciones operadoras del sistema de justicia pena, garantiza en favor de los ciudadanos, la consolidación de los fines que ofrece para lograr el acceso a la justicia, en un estado que cuenta con una población que ha superado ya los ocho millones de habitantes, y que tiene una extensión territorial y una geografía por demás complicada, que potencializa cualquier gasto de operación corriente.
En ese sentido, Duarte de Ochoa añade que el nuevo sistema de justicia penal es una realidad que no tiene marcha atrás, y las instituciones encargadas de su operatividad, como la FGE, requiere de la aplicación permanente de grandes recursos económicos dada la gran carga operativa y administrativa que supone su labor sustantiva de investigación y persecución de los delitos.
El nuevo modelo de justicia tiene costos adicionales, que no pueden disminuirse ni dejar de atenderse y para ello, la FGE, debe ser capaz de contar con una independencia presupuestal, que refuerce su autonomía e imparcialidad en su actual, que la exime de cualquier sometimiento, presión, recomendación, consigna o sugerencia, y que garantice a sus integrantes la estabilidad y seguridad profesional, laboral, económica y jurídica que exige la Constitución Política del país.
Además, añade, para cada investigación se requiere de grandes inversiones económicas y materiales, en diversos rubros y ejes, como equipamiento de oficina, de tecnología de la información, plantilla vehicular, equipamiento pericial especializado, reactivos, in sumos, y consumibles de ocupación pericial indispensables para la realización de dictámenes periciales, gastos operativos de traslado, peajes, gasolina y viáticos.
Así también y no menos importante, inversión en capacitación de su personal, que deben ser cubiertos por la FGE para garantizar la obtención de resultados exigidos por la ciudadanía.
