El trabajo realizado en la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014, que la Comisión de Vigilancia del Congreso está por dictaminar, no respondió a ningún otra premisa que no fuera la de evaluar la legitimidad del gasto, como el último espacio en que se traduce la aplicación de los recursos públicos, aseveró Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior).
El trabajo que se presentó –añadió– se sustenta en estrictos criterios técnicos, ya que la autonomía del ORFIS es la base para fortalecer la confianza de los ciudadanos y de los mismos entes auditados.
“Nuestro capital más importante es la credibilidad de nuestros resultados y la integridad de nuestros servidores públicos. Conocemos las crecientes exigencias sociales, respecto a un manejo honesto, eficaz y eficiente de los recursos públicos, pero también sabemos que las limitantes en los tiempos y las etapas de la fiscalización, contenidas en nuestro marco legal, impiden que nuestra labor satisfaga todas las expectativas sociales que se generan con este Informe”.
Para la revisión técnica financiera de la cuenta pública del 2014, que presentó un presunto daño patrimonial por 166 millones 775 mil 406.56 de pesos en 48 ayuntamientos, y en cinco entes estatales, se realizaron 1,001 auditorías.
De ellas, 750 fueron auditorías de carácter legal y financiera-presupuestal; 223 de carácter técnico a la obra pública y, 28 se practicaron de manera coordinada con la Auditoría Superior de la Federación.
En lo que respecta a la cobertura, la fiscalización se llevó a cabo en 345 entes fiscalizables, comprendidos entre estos a los Poderes Públicos, los Organismos Autónomos, la Universidad Veracruzana, los Municipios y las Entidades Paramunicipales. Además se revisaron 5,184 obras y acciones públicas; 4,525 en los entes municipales y 659 en los entes estatales.
Con la entrega de este Informe, el ORFIS cumple con su mandato constitucional y contribuye de manera decisiva al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
“En él se resumen los hallazgos más relevantes de la fiscalización, las principales conclusiones y, como acciones de naturaleza preventiva, se emiten las recomendaciones a los entes fiscalizables, con el objeto de mejorar sus sistemas administrativos; corregir deficiencias en sus controles internos; simplificar y reorientar algunos de sus procedimientos y prácticas operativas; mejorar la calidad de sus registros contables y presupuestales; prevenir daños al patrimonio público; inhibir conductas ilícitas; fortalecer los procesos de adquisiciones y obras públicas, así como reforzar el cumplimiento de la normatividad correspondiente”.
Refrendó el compromiso de garantizar a la sociedad veracruzana que los recursos públicos se ejercen legal y adecuadamente, y la certeza que en los casos contrarios, se aplicará de manera estricta la ley.
“Logremos juntos que la fiscalización superior, sea un medio para edificar una gestión gubernamental, en la que prevalezcan los valores éticos, el sentido social y la responsabilidad pública”.
