El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenó la prisión provisional sin fianza para el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, por la gravedad de los delitos presuntamente cometidos, entre ellos blanqueo de capitales, pero sobre todo por los riesgos de fuga y de la destrucción de pruebas.
De acuerdo al texto del auto judicial, De la Mata advierte que la investigación que inició en marzo de 2014 incluye informes policiales, informes de posición y estados de cuentas corrientes y transferencias bancarias; otros sobre la estructura de la organización, personas vinculadas y sociedad que la integran y la intercepción telefónica.
De ello se desprende que durante su estancia en España, el también ex gobernador de Coahuila tenía al menos tres cuentas bancarias en las que figuraba como titular, que “han sido beneficiadas de transferencias de fondos procedentes de dos sociedades identificadas como Unipolares y Espectaculares del Norte y de Negocios, Asesoría Publicidad, así como de cuatro ingresos en efectivo y una transferencia de persona física adicional por 55,458,26 euros”.
“En total, se reporta que los fondos de los que ha sido beneficiario Moreira Valdés durante su estancia en España habrían ascendido a 199,097 euros” (unos cuatro millones de pesos), asentó.
En su declaración ante el juez De la Mata, Humberto Moreira declaró que recibía mensualmente recursos de esas dos empresas de su propiedad, que “era para atender a su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España mientras cursaba estudios de postgrado”.
El juez concluye que, sin perjuicio que a lo largo de la investigación Moreira Valdés pueda aportar elementos de prueba, “estas explicaciones no justifican, por ahora, el monto total recibido ni los ingresos en efectivo por elevados importes”, propias de la práctica de blanqueo de dinero “ni las relaciones personales que se desprenden de las observaciones telefónicas practicadas”.
Al argumentar su decisión de enviarlo a prisión, el magistrado se centra en el riesgo de fuga que “se acentúa por la facilidad que tiene el investigado por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española”.
FUENTE: PROCESO.
