Con la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el gobierno de Enrique Peña Nieto se prepara para cerrar el expediente de la fuga de julio de 2014, enfocado en empleados menores, mientras que la única funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob)acusada por el escape del narcotraficante sinaloense, Celina Oseguera Parra, ve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde están varios de sus ex colaboradores, un camino hacia la prisión domiciliaria.
Aunque Segob asegura haber reforzado la seguridad dentro y fuera del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, adonde reingresó “El Chapo” el viernes 8 –el mismo del que se fugó seis meses atrás–, la institución está ahora en manos de un funcionario carente de experiencia en penales de alta seguridad.
El nuevo responsable directo de su vigilancia es Salvador Almonte Solís, quien a pesar de ello asumió la dirección del Altiplano a fines de diciembre pasado, días antes de que el capo fuera recapturado por la Policía Federal en un operativo conjunto en el que en un primer momento, la madrugada del viernes 8, se le escapó a los elementos de la Marina-Armada de México.
La designación oficial de Almonte Solís se efectuó el 22 de diciembre de 2015, de acuerdo con el nombramiento Segob/CNS/OADPRS/43751/2015, aunque desde una semana antes ya ejercía como director de la principal cárcel del país.
Pero Guzmán Loera no sólo estará custodiado por alguien sin experiencia en penales de máxima seguridad sino también por un funcionario superior que ha reprobado sus exámenes de control de confianza. Se trata de Emanuel Castillo Ruiz, jefe del director del penal del Altiplano, que sustituyó a Oseguera Parra en la Coordinación Nacional de Centros Federales.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2046, ya en circulación).
