De acuerdo al informe de resultados de la cuenta pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Veracruz no solventó recursos federales por el orden de los 14 mil 47.1 millones de pesos de la cuenta pública 2014.
Además, se interpusieron denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros por el orden de los 4 mil 770.2 millones de pesos.
Aunado a ello, tiene observaciones con impacto económico por solventar por un monto de 13 mil 456.4 millones de pesos correspondientes a las cuentas públicas 2011, 2012 y 2013, que sumados con los 14 mil 47.1 millones de pesos del monto observado por la cuenta pública 2014; 3 mil 148.0 millones de pesos , por importe de procedimientos resarcitorios; y 4 mil 770.2 millones de pesos por denuncias penales relacionadas con simulaciones de reintegro, hacen un total de 35 mil 421.7 millones de pesos.
El importe de 2011-2013 se refiere exclusivamente a recursos fiscalizados por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.
De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que este jueves se entregó a la Cámara de Diputados, Veracruz es uno de los estados que tiene uno de los menores cumplimientos en la implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Mientras que la entidad se ubica en el lugar 32 con la menor puntuación respecto al desempeño del gasto federalizado.
La ASF, con el fin de disponer de un indicador cuantitativo que proporcione una visión integral y resumida de los resultados de la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, formuló el Índice de Desempeño del Gasto Federalizado por entidad.
Para su cálculo, se consideraron variables derivadas de los resultados de las auditorías realizadas por la ASF en los programas siguientes: FAEB, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP, FAFEF y Seguro Popular.
Entre las observaciones de la ASF a la aplicación de los recursos federales en los estados y municipios, se advierte que se detectó una irregularidad recurrente en diversas entidades federativas y municipios, respecto a la indebida transferencia de recursos de las cuentas de los fondos y programas a cuentas bancarias distintas a éstos, para financiar requerimientos propios de los gobiernos locales.
Igualmente, en diversas entidades federativas se utiliza, de manera irregular, una cuenta concentradora para la gestión de los recursos federales transferidos en los diferentes fondos y programas, sin que existan los elementos necesarios para garantizar la transparencia en su manejo, lo que propicia descontrol y su desvío hacia otros fines, generando un alto grado de irregularidades.
Estas prácticas anulan todos los controles e incumplen las disposiciones normativas establecidas que favorecen la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos federales transferidos.
Los recursos transferidos a los estados y municipios se registran en la Cuenta Pública Federal como ejercidos. Sin embargo, esto no significa que hayan sido aplicados efectivamente por los gobiernos locales, lo que centralmente impide conocer el ejercicio real de estos recursos y se propicia el descontrol y su potencial uso indebido, por lo que se requieren mecanismos de control que generen la información necesaria para rendir cuentas.
La falta de orden y disciplina financiera en estados y municipios provoca desviaciones indebidas de los recursos federales ya que, ante las dificultades de los gobiernos locales para atender requerimientos propios, no financiables por los fondos o programas, recurren al uso irregular de los recursos federales transferidos.
La ausencia de transparencia y la falta de rendición de cuentas propician incentivos para la corrupción. Por otra parte, existen insuficiencias o ambigüedades normativas que también favorecen este hecho. En 2014 el importe observado por este concepto ascendió a 8,389.6 mdp y significó el 10.8% del monto total observado.
No se dispone de una estrategia integral para impulsar la participación social en la vigilancia y seguimiento del gasto federalizado, ya que existen mecanismos paralelos que no se articulan debidamente. Los Comités de Contraloría Social, coordinados por la SFP, por ejemplo, no son considerados para los fondos del Ramo General 33 y el Seguro Popular; por otra parte, las figuras participativas previstas para algunos de los fondos de este Ramo (Consejos Escolares de Participación Social, Avales Ciudadanos —para las unidades de salud—; consejos ciudadanos de seguridad pública, y comités de beneficiarios del FISM-DF) no tienen en vinculación alguna con dichos Comités y con su estrategia operativa.
