Sin una acusación formal, sustentada en pruebas, la Comisión de Quejas y de Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz no puede investigar y, en su caso, actuar en contra del precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por el envío de mensajes masivos a teléfonos celulares en el estado.
Al respecto, su consejera presidenta, Julia Hernández García, expuso que las representaciones del Partido Alternativa Veracruzana (AVE), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la sesión extraordinaria del pasado miércoles, sólo mencionaron el recibimiento de los mensajes, pero no aportaron datos específicos que obligarán al organismo a iniciar una investigación.
“Si ellos tienen más elementos, a partir de los cuales puedan generar un escrito de denuncia formal, en el que señalen tal vez a las personas (que recibieron el mensaje)”, y es que recordó que en el proceso electoral federal pasado, cuando se denunció al PVEM por el envío de tarjetas a domicilios de ciudadanos, sin que fueran sus militantes.
“Ahí sí hubo toda una investigación, porque había los nombres en específico, ciudadanos que se deslindaban de ser militantes y, sin embargo, les había llegado la propaganda, las ofertas, promociones o las dádivas, pero eran personas con nombres, domicilios”, expuso.
Por ello, insistió que si sólo se hace una manifestación genérica y sin datos precisos no se podría actuar, “ellos hablaron de una empresa que se dedica a hacer ese tipo de actividades, tendrían que acreditar o evidenciar que hay un contrato de por medio para tomar ese tipo de servicios”.
De nueva cuenta expuso que el número y teléfono celular es una propiedad de los ciudadanos, por ello el OPLE no puede invadir su privacidad y pedirle que les enseñe el dispositivo para ver si recibió el mensaje de texto.
No obstante, consideró que sí pudo haberse violado la normatividad de precampaña, pues los actos que se hagan en esta fase del proceso deben estar dirigidos a los militantes de los partidos y no a los ciudadanos en general.
“Si un ciudadano se siente agraviado por haber recibido ese mensaje, así como lo hicieron diversos ciudadanos en su momento con el PVEM, los ciudadanos pueden venir a denunciar”, manifestó.
Asimismo, comentó que en este caso se pone en juego otro derecho, el de la información, ya que el mensaje refería las declaraciones del precandidato panista sobre la situación que está viviendo el estado.
“¿Dónde queda la libertad de expresión del precandidato?, en toda elección, en todo régimen democrático, poner lo malo y lo bueno en las campañas o en los procesos electorales, hasta dónde llega ese límite del precandidato de hacer esos señalamientos, lo cual es válido y hasta dónde llega el derecho de los ciudadanos de escucharlo y asimilar ese mensaje, esa es la contraparte”, finalizó Hernández García.
