“No tengo miedo a ser arrestado porque no he cometido ningún delito y si quieren castigar a alguien, que lo hagan con los secretarios de Gobierno que han incumplido con varias obras en las zonas indígenas”, expuso el ex alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, a quien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado denunciaron por obstruir las vías de comunicación el pasado 1° de julio de 2015.
Señaló que es un tema jurídico y que sus abogados se están encargando de resolver, y aseguró que ese asunto legal lleva un buen camino.
“No sé porqué se giró orden de aprehensión contra cinco personas, cuando la movilización no tuvo cabeza sino todos los del pueblo éramos nuestros líderes. El pueblo se inconformó en contra del Gobierno del Estado por las promesas incumplidas y por las obras que no han querido realizar”, expuso.
Asimismo, indicó que si el Gobierno del Estado quiere castigar a alguien, que castigue a los funcionarios de su gabinete que han agarrado de tontos a los habitantes no sólo de Soledad Atzompa sino de toda la entidad, que han llegado a prometer obras y sólo se llegan a burlar de los pueblos indígenas.
Igualmente, manifestó que el pueblo de Soledad Atzompa está molesto por los compromisos que hizo el gobernador Javier Duarte de Ochoa y que nunca cumplió, “es la fecha en que el gobierno no ha cumplido en nada”.
Igualmente, recordó que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se comprometió en realizar la carretera de ocho kilómetros a Tepaxapa y sólo llegó la maquinaria a destrozar el camino que con las lluvias la volvió intransitable.
Cabe precisar que al alcalde Bonifacio Aguilar y al ex presidente municipal Javier Pérez Pascuala, el juez de Distrito Federal con sede en Córdoba, les obsequió una orden de aprehensión, denuncia que fue interpuesta por la SCT.
Así como a ellos, también existen órdenes de detención en contra del secretario del ayuntamiento, el tesorero municipal, síndico y asesor jurídico, Carlos Cocotl, según consta en evidencias presentadas en su momento ante la Agencia Ministerial en turno.
El proceso se deriva de la movilización que los inculpados habrían orquestado el pasado 1° de julio de 2015 en la caseta de peaje 045 con sede en Fortín de las Flores, hasta donde una manifestación de autoridades y ciudadanos obstruyó la autopista México-Veracruz causando afectaciones.
