Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y miembro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Octavio Jiménez Silva, la solicitud de juicio político en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa promovida en la Cámara de Diputados y en el Congreso local debe extenderse a secretarios y ex secretarios de Despacho de esta administración estatal, a fin de dar la señal de que en Veracruz realmente las cosas han cambiado y que no se va a tolerar la corrupción y la impunidad.
“Ojalá en el Congreso del Estado se pudiera también solicitar un juicio político en contra de varios funcionarios, porque ellos coadyuvan a gobernar al estado; por ello también debe llamárseles a cuentas para que respondan por lo que hicieron o dejaron de hacer en el manejo de recursos públicos”, expuso.
En el presente sexenio estatal hay funcionarios públicos a quienes se les confió una tarea y no cumplieron con su labor de servir a los veracruzanos con apego a la legalidad, por lo que se les debe fincar responsabilidad y darles “un escarmiento”.
“Es un hecho que debe haber un escarmiento para los malos servidores públicos, pero deben ser los diputados al Congreso del Estado, como representantes populares, quienes decidan eso con apego a la Ley. El hecho sentaría un precedente para que el futuro gobernador y sus funcionarios adviertan que en Veracruz no debe haber más impunidad ni corrupción”, subrayó.
Asimismo, recordó que los actuales diputados locales han llevado hasta las últimas consecuencias las solicitudes de desafuero en contra de tres presidentes municipales y un legislador local, por lo que ahora se esperaría que se haga lo mismo contra un gobernador, sobre todo cuando existen claros señalamientos de corrupción, inseguridad, afectación a terceros y varios temas más que molestan a la sociedad.
Los empresarios –agregó– no son jueces, pero los diputados locales tienen los elementos para señalar que alguien no hizo bien las cosas, por lo que pidió a los representantes populares que hagan lo que les corresponda hacer y dejar a las autoridades judiciales hacer también lo que tengan que hacer.
En otras entidades federativas ya se ha fincado responsabilidad política y jurídica en contra de algún gobernador y servidores públicos, por so Veracruz no tendría porqué quedarse atrás.
La solicitud de juicio político en contra del mandatario estatal presentada en la Cámara de Diputados y en el Congreso local se debe al mal manejo político del estado y a una quiebra financiera que se patentiza por la falta de pagos en todos los sectores.
